El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, está conociendo hoy, martes, la solicitud de medida de coerción presentada por el ministerio público en contra de tres ejecutivos del Banco Providencial y de la Inmobiliaria Propiherbon, donde se habría cometido fraude.

Los acusados son el mayor general retirado Iván Aquiles Hernández Oleaga y sus hijos Aquiles Hernández Bona e Ivette Hernández Bona.

En la audiencia, que se celebra a puertas cerradas, el ministerio público está representad por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.

En un comunicado emitido el pasado 24 de agosto, la Fiscalía del Distrito Nacional informó del arresto de los acusados por el supuesto fraude cometido en el Banco Providencial y Inmobiliaria Propiherbon en perjuicio de los ahorrantes.

Reynoso exhortó entonces a todas las personas que tenían sus ahorros en la inmobiliaria Propiherbon a que acudan, a la mayor brevedad posible, a su despacho, a los fines de ser informados de la situación procesal del caso en cuestión.

Un día después, el 25 de agosto, los abogados del intervenido Banco Providencial negaron que los ejecutivos de la entidad, apresados por las autoridades, hayan cometido ningún ilícito penal en sus responsabilidades ni en la subsidiaria Inmobiliaria Propiherbon, y atribuyeron a una "retaliación" la "persecución" de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Eduardo Jorge Prats y César Amadeo Peralta, representantes del los acusados, argumentan que la supuesta retaliación es en respuesta a los recursos interpuestos ante el Tribunal Superior Administrativo por Hernández Oleaga y el Banco de Ahorro y Crédito Providencial en contra de la Tercera Resolución de fecha 19 de mayo de 2016 y la Primera Resolución de fecha 2 de junio de 2016 dictadas por la Junta Monetaria.

En esos recursos mediante se autoriza la implementación del Programa para la Prevención del Riesgo para Entidades de Intermediación Financiera y la disolución del Banco de Ahorro y Crédito Providencial, respectivamente.

Destacaron, en un documento, que en el caso de la Inmobiliaria Propiherbon "no se ha demostrado que efectuara una actividad de intermediación financiera, pues, si bien ésta captaba fondos públicos, no otorgaba préstamos a terceros, lo cual constituye uno de los elementos requeridos en el artículo 3, inciso b, de la Ley No. 183-02".

"Nuestros representados no han cometido ningún ilícito penal en el Banco Providencial ni en la Inmobiliaria Propiherbon, por lo que las acciones emprendidas por la Fiscalía del Distrito Nacional son claramente improcedentes e infundadas", afirmaron los abogados.

Aseguraron que Hernández Oleaga y Hernández Bona "están comprometidos con reembolsar todas las acreencias de los inversionistas de la Inmobiliaria Propiherbon a fin de que sus inversiones no se vean afectadas, tal y como lo hicieron al aportar nueve inmuebles de su patrimonio personal y otros activos para cumplir con los requisitos de reestructuración del Banco de Ahorro y Crédito Providencial, actuación sin precedentes en la República Dominicana".