La primera Constitución de la República Dominicana data de 1844, cuando un grupo de asambleístas dominicanos procedieron a su proclamación, en San Cristóbal. Desde entonces hasta la fecha, la Carta Magna ha sufrido 39 modificaciones. Muchas de ellas por el interés marcado de los gobernantes de mantenerse en el poder o consolidar su hegemonía como líderes.

Uno de los momentos que pudieran servir como referentes y que la historia registra en sus páginas es el conocido artículo 210, incluido por Pedro Santana en la Constitución, con el cual se otorgaba autoridad absoluta en el manejo de la “cosa pública”, amparado en la situación de inestabilidad de la naciente República Dominicana.

“Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el Presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales, y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la Nación; pudiendo en consecuencia, dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna”, se establecía en el citado artículo, el cual se puede constatar fue cumplido al pie de la letra, si se toman en cuenta todos los atropellos cometidos por Santana, sobre todo en contra de los hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas por la Independencia Nacional y el mantenimiento de la soberanía del pueblo dominicano.

Sin embargo, no todas las disposiciones contenidas en la Constitución han sido motivo de cumplimiento y son muchas las prerrogativas a las que los ciudadanos no tienen acceso. Y el abogado constitucionalista Trajano Vidal Potentini lo sabe bien.

Para el jurista, los artículos que van del 37 al 67 incluidos en la actual Constitución dominicana, que tomó como modelo la española, demuestran que la concesión de derechos fundamentales en el país creció en más de un tres mil por ciento, inflando el catálogo de prerrogativas de los dominicanos y dominicanas.

Cuestiona su cumplimiento

Cita el derecho a la vivienda, consignado en la Carta Magna y que es solo el sueño de los ciudadanos que no poseen un techo que les cubra.

“Son interminables las inobservancias que se pueden hacer a la Constitución”, afirma Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), quien también critica que los ciudadanos muchas veces no tienen acceso a las prerrogativas consagradas en la ley de leyes.

Una de ellas, el derecho a la nacionalidad, violentado en septiembre de 2013 cuando el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia 168-13 que dicta que: “No son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país”, desconociendo el numeral dos del artículo 18 de la Constitución que establece que son dominicanos y dominicanas quienes al momento de la entrada en vigencia de la Carta Magna (2010) gocen de la nacionalidad dominicana.

Pero no fue así, y pese a que el derecho internacional y la Constitución establecen que las leyes no son retroactivas, sino cuando benefician a los ciudadanos, miles de personas todavía viven en un limbo jurídico, que se trató de arreglar con la implementación del Plan de Regularización puesto en marcha por el gobierno, para corregir “el tollo del TC”.

Empero, no todas las prerrogativas pendientes de cumplimiento tienen que ver con el derecho a la nacionalidad. De acuerdo al numeral uno del artículo 44 de la actual ley de leyes, proclamada en enero de 2010, “El hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito”. Pero en muchas ocasiones esta disposición ha sido pasada por alto.

Sucedió la semana pasada cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional irrumpió de forma ilegal y con fines intimidatorios en una reunión en la que integrantes del Movimiento Poder Ciudadano se ponían de acuerdo para realizar manifestaciones en contra de la corrupción y la impunidad.

Según un comunicado que fue emitido por el grupo, un coronel y un sargento de la Policía, sin presentar ninguna orden judicial, ingresaron al salón de eventos del Centro Bonó, donde los activistas se encontraban reunidos planificando la protesta.

Al dar a conocer la situación a la opinión pública, el colectivo denunció que los agentes hicieron fotografías y revisaron la hoja de registro de participantes en la reunión. Dijo que el sargento y el coronel se identificaron como los responsables de la zona correspondiente al barrio María Auxiliadora, donde están localizadas las oficinas del Centro Bonó.

En el comunicado, Poder Ciudadano afirma que con la acción las autoridades violaron derechos constitucionales que le asisten. En este caso, varios numerales del artículo 44, así como los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución, que consagran los derechos a la libertad de asociación, reunión y expresión.

También hay derechos que no han sido garantizados completamente y uno de ellos es el que se establece en el artículo 53, que consagra que toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley.

“Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”, enfatiza.

Pero en la práctica la historia es otra. Un ejemplo es el caso de un ciudadano dominicano (quien prefiere hacer reserva de su nombre) que reside en Santo Domingo Norte, quien perdió a su hijo hace más de cinco años por un corto circuito en su casa. A raíz del suceso, puso una demanda contra la empresa distribuidora de electricidad que suministra el servicio energético al sector donde reside y aún espera ser indemnizado.

Y aunque es el más dramático ese no es el único ejemplo que se pude traer a colación durante una revisión sobre el cumplimiento de la disposición contenida en este artículo. Nadie podrá olvidar el escándalo que en 2012 protagonizó Pro Consumidor que, tras realizar una investigación, determinó que muchos de los embutidos que se producen en el país contenían coliformes fecales y, además, nitrito de sodio por encima del límite permitido. La violación es tan amplia que todavía no se ha revelado cuáles son las marcas que no están aptas para el consumo humano, mientras la población las sigue consumiendo.

A todos los artículos citados se les suma el 56, que declara que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente.

Explica que tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a la Constitución y las leyes. Y con respecto a esta disposición, sí hay mucha tela por donde cortar. Pero los niños y niñas no cuentan con la atención necesaria y las instituciones que trabajan a su favor muchas veces no tienen el presupuesto adecuado.

En el mismo artículo, específicamente en el numeral dos, reza que se promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social. Sin embargo, al pasar balance, la garantía de este derecho no queda bien parada. En ocasiones organizaciones no gubernamentales, en algunos casos internacionales, deben disponer de programas en procura de garantizarles protección, en vista de que no pueden valerse por sí solos.

Gracias a su intermediación para garantizar el derecho a la participación de niños se implementa, en varios municipios del país, el programa Ayuntamientos Juveniles e Infantiles (AJIs), iniciativa que se activó como una respuesta local al derecho a la participación de esta población.

Pero los niños, niñas y adolescentes no son los únicos dominicanos que han visto vulnerados sus derechos. Los envejecientes son personas a quienes la Constitución les otorga prerrogativas que están muy distantes de ser alcanzadas, aunque están consagradas en el artículo 57.

“La familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”, reza el citado artículo.

A estos se unen los discapacitados, quienes también han sufrido “en carne propia” la negligencia en la garantía de sus derechos.

El artículo 58 les protege. Indica que el Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. 

“El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política”, agrega.

Pero la realidad se impone y se comprueba al verificar qué cantidad de personas discapacitadas están insertadas en el ámbito laboral o poseen las herramientas necesarias para sobrevivir, en un país donde el costo de la vida arropa cualquier salario. Y qué decir del deprimente presupuesto asignado a esta población, situación que ha obligado a varios de sus miembros a mantenerse por más de un mes frente al Palacio Nacional para llamar la atención de las autoridades, quienes a pesar de acudir diariamente a la casa de gobierno no les han visto y mucho menos han atendido su reclamo.

Mientras tanto, el artículo 60 recoge el mandato que instruye al Estado a garantizar la seguridad social a los dominicanos y dominicanas que hayan completado su edad productiva y hayan cotizado. Sin embargo, más de un ciudadano espera la asignación de una pensión, que por demás le corresponde y que cada vez visualizan más lejana, mientras pasa el tiempo y sobreviven con lo poco que consiguen.

“En el país impera la cultura del incumplimiento”, dice el abogado.

De ahí se puede pasar a hacer una amplia revisión del artículo 61 que garantiza el derecho a la salud, el cual ha visto su cumplimiento a medias, comenzando por la negación del Estado a otorgarle al sector salud el 5% del Presupuesto Nacional, monto que por ley le corresponde. Esta situación ha impedido que los y las dominicanos se beneficien de esta prerrogativa.

“Actualmente, la salud es un negocio, tanto, que los pacientes ya no son pacientes, sino usuarios”, manifiesta indignado Potentini tras precisar que el derecho a la salud está en extinción en República Dominicana.

En la Constitución también hay artículos que no responden con la realidad del país. Por ejemplo, el 63, sobre educación, que solo protege la instrucción escolar hasta media, sin tomar en cuenta que muchos jóvenes no poseen ni la preparación ni la condición económica para costear sus estudios universitarios, en peor situación ante la falta de la asignación presupuestaria justa a la única casa de altos estudios pública de República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“A pesar de la falta de cumplimiento de la Constitución, la población debe exigir sus derechos”, enfatiza Potentini.

La Constitución también protege el derecho al deporte y dispone que el Estado además de garantizar la recreación, dispondrá de los recursos, estímulos e incentivos para su promoción, así como la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, a los programas y actividades deportivas en el país y en el exterior.

Pero han sido muchas las denuncias de los deportistas que han puesto en alto el nombre del país, quienes al regresar victoriosos han tenido que emprender una batalla para conseguir una asignación mensual que les permita vivir de su oficio.

Incluso hay quienes, como la gimnasta Yamilet Peña, han tenido que realizar actividades pro recaudación de fondos para poder paliar la carencia de recursos económicos que les afecta y les obstaculiza para dignamente representar a la República Dominicana en tierras extranjeras.

Uno de los artículos de la Constitución que podría generar amplias investigaciones es el 140, que establece que: “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados.

La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”. No obstante, sobran los casos de funcionarios que han dispuesto alzas salariales para sus empleados y para sí mismos.

“En la Constitución hay ciertas disposiciones que solo corresponden a la meritocracia, dando paso al clientelismo y la corrupción administrativa”, dice Potentini.

Y la cosa se pone peor al verificar el 144, donde se establece que ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia.

“La ley establecerá las modalidades de compensación de las y los funcionarios y empleados del Estado, de acuerdo con los criterios de mérito y características de la prestación del servicio”, puntualiza la disposición.

Después de este, dos artículos más adelante, está el 146 que condena la corrupción administrativa, en los últimos años sin ninguna condena que exhibir, a pesar de la gran cantidad de pruebas presentadas en los tribunales y la inconformidad de la sociedad civil.

“Al parecer, la Constitución nos quedó grande”, sentencia Potentini, quien además expresa que la Carta Magna no necesita más modificaciones, sino ser aplicada.