Los 2,065 funcionarios que aún no han realizado su declaración jurada de bienes deben ser apartados del cargo que ocupan.

Esta es la medida que, a juicio del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, y de Josefina Arvelo, coordinadora general de Participación Ciudadana, debería tomar el Gobierno con estos representantes de la administración pública que han violado lo establecido en la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

“Eso es una falta de consideración a la sociedad dominicana que una persona que esté ocupando una función pública no se someta al imperio de la ley. Yo creo que es incluso un desafío. Eso solamente se ve en este país (…) Esos funcionarios debieron ser separados de esas posiciones porque la propia Ley de Función Pública –41-08–  establece un régimen de consecuencias para cuando se dan situaciones de esa naturaleza”, subrayó Castaños en declaraciones a este medio.

El abogado se refirió a las declaraciones que hizo la semana pasada la Presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, quien aseguró que la entidad que dirige ya envió varios informes sobre esta irregularidad a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) y que no ha recibido respuesta alguna.

“Yo pienso que lo que declaró la presidenta de la Cámara de Cuentas, sin lugar a dudas es motivo para que el Gobierno reflexione; usted no puede desde la administración andar por su cuenta”, opinó el directivo de Finjus.

“Eso es una desconsideración no solamente a la sociedad dominicana, sino también a la propia función pública que se ejerce sobre la base de una serie de principios, entre ellos la transparencia”, puntualizó Castaños, quien a continuación sostuvo que es “el Estado que ha propiciado ese desorden porque no quiere poner en funcionamiento en sentido general las leyes que penalizan ese tipo de prácticas”.

Josefina Arvelo, titular del movimiento cívico Participación Ciudadana, cuestiona el manejo del caso de estos funcionarios, al margen de lo que establece la ley.

“Lo primero es que eso nos dice que de parte de los funcionarios públicos no hay un respeto a la ley.

Tampoco hay ningún organismo que obligue a esos funcionarios a presentar las declaraciones. El Gobierno debería tener mecanismos para obligar a esos funcionarios a hacer su declaración jurada de bienes”, subraya.  

Arvelo también cuestiona la acción de estos 2,065 funcionarios, cuando dice: “Si las autoridades no cumplen las leyes dominicanas ¿cómo ellos mismos las van a aplicar? Eso también entra en lo que se llama una contradicción de su función y en cierta medida pone en cuestionamiento su calidad moral para después querer aplicarle la Ley a cualquier ciudadano y a cualquier institución cuando ellos mismos no cumplen. El Gobierno debería ser muy estricto en eso”.

La Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio No. 311-14, promulgada el 8 de agosto de 2014, responsabiliza a la Cámara de Cuentas, a través de su Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, del control, fiscalización y aplicación de dicha norma.

Los servidores gubernamentales que la incumplan deberán asumir una sanción de tercer grado establecida en la Ley 41-08 de Función Pública, que ordena la destitución del funcionario en falta, quien no podrá trabajar para el Estado hasta después de haber pasado cinco años.

Contradicción

“Si las autoridades no cumplen las leyes, ¿cómo las van a aplicar? Eso pone en cuestionamiento su calidad moral para después querer aplicar la Ley”. Josefina Arvelo, coordinadora general de Participación Ciudadana.

Crítica

“Es el Estado que ha propiciado ese desorden porque no quiere poner en funcionamiento las leyes que penalizan ese tipo de prácticas”. Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).