El crimen organizado y la corrupción política son los principales enemigos de los periodistas y la libertad de prensa en América Latina, según el informe de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentado hoy en Punta Cana.

El informe leído por el presidente de la Comisión, el uruguayo Claudio Paolillo, recuerda que en los últimos seis meses 12 periodistas fueron asesinados en el área, al tiempo que se han incrementado los actos de violencia contra las mujeres con 84 casos en el 2015.

"Ha llegado el momento de exigir la imprescriptibilidad de los crímenes contra los periodistas y que los mismos sean considerados delitos de lesa humanidad", afirmó Paolillo al presentar su discurso.

El documento, presentado en víspera de la inauguración oficial de la reunión de medio año de la SIP en la localidad turística de Punta Cana, en la República Dominicana, lamentó que los gobiernos se limiten a realizar promesas incumplidas de que la Policía, los fiscales y los jueces harán su trabajo.

El informe plantea la posibilidad de que la prensa denuncie a los estados donde estos asesinatos tienen lugar como cómplices de los delincuentes.

Citó los casos de México, donde desde 1987 a la fecha han sido asesinados 128 periodistas, mientras que en El Salvador el ejercicio profesional periodístico se lleva a cabo en comunidades con la presencia de pandillas, y en Honduras las agresiones y la impunidad a los crímenes continúan generando autocensura.

En Perú y en la República Dominicana, señala, han persistido los ataques y amenazas e intimidaciones contra periodistas.

En tanto, en Ecuador se impusieron 78 medidas disciplinarias contra los medios a través de la Superintendencia de la Información de Comunicación (Cordicom).

A la vez, indica que en Nicaragua persiste la censura gubernamental y la publicidad oficial solo llega a medios oficiales y "neutralizados", y en Haití continúa la atmósfera de acoso y amenazas contra periodistas.

Otra de las dificultades que se denuncia es lo relativo a la falta de acceso a la información pública y de legislaciones en contra de la libertad de expresión.