Cuatro excandidatos opositores al Senado por el Distrito Nacional reclamaron ayer la anulación de los comicios en el nivel legislativo en esa demarcación por considerar “irregular” y “fraudulento” el escrutinio de los votos.

Los exaspirantes son Aura Celeste Fernández, de Alianza País (AlPaís); Alberto Atallah, Partido Revolucionario Moderno (PRM); Carlos de Peña, de Alianza por la Democracia (APD); y Vinicio Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP).

El grupo informó que el pasado lunes solicitó a la Junta Electoral del Distrito Nacional (JEDN) la nulidad de las elecciones celebradas en el nivel congresual en la capital del país y, en consecuencia, la celebración de nuevas elecciones.

Esto, señaló, “debido a las graves e insalvables irregularidades y hechos fraudulentos que invalidan los cómputos ofrecidos por la Junta Electoral del Distrito Nacional relativos a las actas C y C1”.

“Manifestamos nuestra firme e irrenunciable decisión de agotar todas y cada una de las instancias legales correspondientes para establecer el carácter irregular y fraudulento del proceso electoral llevado a cabo en el Distrito Nacional en el nivel congresual”, señalaron los exaspirantes en un comunicado conjunto dado a conocer en rueda de prensa.

Aseguraron que no se trata “de simples alegatos o pataleos postelectorales”.

“De lo que se trata es del respeto a la ley y a las reglas esenciales establecidas por ésta en el proceso de escrutinio electoral”, añadieron.

Explicaron, a la vez, que una semana después de dar a conocer los resultados, la Junta Electoral del Distrito Nacional anunció que un tercio (674 colegios) de toda la votación del 15 de mayo “nunca fue contabilizado, como dice la ley, por los colegios electorales en el nivel del voto preferencial (Acta C1), imprescindible para ofrecer el cómputo senatorial y otorgar los escaños que representarán el Distrito Nacional en la Cámara de Diputados”.

“La arbitrariedad fraudulenta de la Junta Electoral del Distrito Nacional llegó al grado de no permitir a ninguno de nuestros representantes convocados para observar el escrutinio primario de 674 colegios electorales hacer ningún reparo o impugnación, lo que violentó de manera descarada el debido proceso de ley y el derecho de defensa protegido por la Constitución”, subrayaron.

Destacaron que “si no se contabilizaron los votos en los colegios electorales y se hizo directamente en la Junta Electoral del Distrito Nacional, independientemente de que ésta no podía hacerlo conforme a la ley, de proceder a ello, estaba obligada a conceder el derecho a nuestros delegados de impugnar y hacer los reparos que entendieran de lugar”.

“Lo que defendemos es la democracia de República Dominicana; el respeto a la ley y a su Constitución. Convalidar con nuestro silencio e inacción la cadena de fraudes y graves irregularidades cometidos en el proceso recién transcurrido nos haría cómplices de una ignominia histórica que ha conllevado un grave retroceso en las conquistas democráticas y electorales que había logrado el pueblo dominicano”, finalizaron.