La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, emitió ayer severas críticas al tratamiento que República Dominicana ha dado a las personas descendientes de extranjeros indocumentados e instó al Estado a restaurar plenamente los derechos de nacionalidad de todos los afectados por la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, de septiembre de 2013.

En respuesta inmediata, el gobierno del presidente Danilo Medina rechazó el informe, por considerar que “ha sido elaborado con datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves omisiones”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el “Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la República Dominicana”,  que condena tanto la sentencia 168/13, como la Ley 169-14, de naturalización, porque parten sobre el supuesto de considerar extranjeras a las personas nacidas en el país, con padres extranjeros en situación irregular. También critica el proceso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

“El criterio adoptado por el Tribunal Constitucional afectó desproporcionalmente a las personas de ascendencia haitiana  y conllevó a que de forma retroactiva se privase de su nacionalidad a personas que antes eran dominicanas, y quedasen en situación de apatridia”, expuso la CIDH.

“Esta situación se enmarca dentro de la discriminación histórica que en diversas esferas enfrentan las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, dijo la relatora sobre los Derechos de las Personas Afro-Descendientes, comisionada Margarette May Macaulay.

El documento, reseñado en una nota colgada en la página web de la comisión, parte de las conclusiones de la visita que giró el organismo al país en 2013, luego de la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional.

Por último, “la CIDH expresa su preocupación ante los niveles de violencia que se generaron como resultado del incremento de la intolerancia y los discursos racistas en República Dominicana, así como por las amenazas públicas y actos de agresión contra personas que criticaron públicamente la sentencia 168/13”.

Cancillería responde

“La Cancillería manifiesta su rechazo a la mayor parte del contenido de las conclusiones plasmadas en su informe por la CIDH, por estar cargado de graves omisiones y argumentos sin ningún sustento probatorio, al tiempo que el Gobierno dominicano reitera su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo los de aquellas personas”, reaccionó el Gobierno, que reivindica tanto la Ley 169-14, como el Plan de Regularización de Extranjeros.