José Duvergé Mejía

Este juez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Provincia Santo Domingo, según el Ministerio Público, prefiere las garantías económicas antes que las medidas de prisión preventiva en contra de extranjeros y nacionales vinculados al narcotráfico.

El procurador busca demostrarlo en su informe, con una lista de casos. Observa que a pesar de la suficiencia de pruebas, los acusados han sido favorecidos con la variación de medidas que en principio les fueran impuestas. Luego de esto, incluso, han vuelto a incurrir en prácticas delictivas.

El magistrado fijó una garantía económica de 100 mil pesos al puertorriqueño José Antonio David Colón y a los dominicanos Federico Castillo Papua, Edickson Javier María y Francisco Amaury Simó Johm, arrestados durante una operación en la que le fueron ocupados 340 paquetes de cocaína. Ocurrió lo mismo con los casos de Edwin Samuel Durán Colina y Dionicio Familia de los Santos, a quienes se les ocuparon 10 y 25 kilos de cocaína, respectivamente.

A Julio Rondón Abreu, también le fijó una garantía económica de 100 mil pesos, luego de que en el Aeropuerto Internacional Las Américas, intentara viajar hacia Estados Unidos, con 96 bolsitas de heroína en su vía digestiva.

Awilda Reyes Beltré

La jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó la devolución inmediata al señor José Bacile Bacile, de una aeronave incautada, cuya propiedad se atribuye al fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro Castellanos, investigado junto a nueve personas más por incurrir en acciones de lavado de activos.

Por este caso se ordenó a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional el pago de una sanción de 50 mil pesos diarios por cada día de retardo, en la entrega de este avión.

Cabe destacar que meses antes de esta decisión, cuatro venezolanos junto a dos técnicos dominicanos arribaron al país con la intención de llevarse este mismo avión, pero quedaron detenidos en el acto en el Aeropuerto La Isabela Dr. Joaquín Balaguer (El Higüero).

Reyes también ordenó la inmediata puesta en libertad del regidor del municipio Pedro Brand de la Provincia de Santo Domingo, Erinson de los Santos Solís, también conocido como Ney, declarando arbitraria su privación de libertad, además de ordenar devolver la suma de veinte millones de dólares a favor de Prado Universal Corp., constructora de la Torre Atiemar, propiedad del ciudadano español Arturo Del Tiempo Marqués, condenado por narcotráfico en su país.

Delio Germán Figueroa

El suspendido juez del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional continúa el patrón de sus compañeros magistrados.

A Miguel Ángel Valdez Vega, deportado desde los Estados Unidos después de haber cumplido una condena de cinco años por asuntos de narcotráfico, el juez le dictó un Auto de No Ha Lugar luego de involucrársele en una operación de tráfico de drogas, junto a otros dos a quienes les varió la medida de coerción.

Sin ningún tipo de fundamento legal, según la Procuraduría General de la República, Germán Figueroa ordenó la devolución de los objetos y bienes que fueron secuestrados a los colombianos Alfredo de Jesús Camargo Reyes y Juan Carlos Villamar Mogollón, involucrados en un proceso de lavado de activos.

El 24 de octubre de 2008, el magistrado Germán Figueroa dictó Auto de No Ha Lugar a favor del venezolano José Antonio Rojas González, arrestado junto a otros tres de igual nacionalidad,  luego de cometer atracos a mano armada en La Agencia de Cambio Comercializadora de Capitales ,donde sustrajeron más de siete millones de pesos y a otras dos personas a quienes despojaron de más de dos millones de pesos, detalla el Ministerio Público.

Francisco Arias Valera

Ex-titular del Consejo del Poder Judicial y ex-Juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo figura como supuesto líder de toda una “estructura que coexiste dentro del Poder Judicial” y que, según el informe que emitió el lunes el procurador general, se dedica a manipular procesos judiciales y a negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado.

El consejero no solo propuso como juez del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal a José Ygnacio Medrano Quéliz sin su consentimiento, sino que también lo condicionó  a que lo haría para que luego de ocupado el cargo le resolviera algunos casos de manera satisfactoria a sus intereses, según la acusación.

Este magistrado de alto rango no realizaba los análisis de los expedientes en cualquier sitio.

Según la denuncia de Medrano Quéliz, Varela se reunía con él y otros jueces en el Licor Store Fucuoca y en el Blue Palace  en la provincia San Cristóbal para realizar convenios sobre algunos expedientes, como el de Delio Germán (antes mencionado) por quien intervino para que el caso disciplinario que se le seguía quedara sin efecto.

Así mismo, a Varela se le acusa de que por altas sumas de dinero influyó en la jueza Awilda Reyes para que ordenara la puesta en libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erinson de los Santos, vinculado a secuestro, sicariato, servicio al crimen organizado e invasión de terrenos.

Rosó Vallejo Espinosa

Juez de la Cámara Penal de la Corte Apelación Provincia Santo Domingo, que votó para que fuera modificada la medida de prisión preventiva por una garantía económica a favor de José Martín Cortorreal Ramírez, detenido cuando llevaba en el interior de su estómago sustancias prohibidas por la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, dice el informe.

Sobre este caso existen denuncias de que la decisión se dio a cambio de un millón de pesos, entregados por Francisco Javier Batista (El Flow), sobrino político del magistrado José Dionicio Duvergé Mejía (antes citado), quien supuestamente era una de las personas que servían de intermediarios para conseguir decisiones favorables.

Vallejo también forma parte del grupo de jueces a quienes Domínguez Brito, en un informe enviado al Consejo del Poder Judicial que preside Mariano Germán Mejía, acusa de actuar al margen de sus compromisos éticos y legales, basado, -sostiene- en pesquisas preliminares recolectadas luego de tomar en cuenta el rumor público, sobre todo al diseminado en los palacios judiciales, por las diversas denuncias que hicieran diferentes medios y personas. 

Víctor Mejía Lebrón

Este juez de la Cámara Penal de la Corte Apelación de la Provincia Santo Domingo dictó Autode No ha Lugar, a favor del alcalde del Ayuntamiento Municipal de Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, y otras tres personas que fueron acusadas de un desfalco de 400 millones de pesos, por considerar que no existen pruebas suficientes en su contra.

Sobre esta pieza legal, el Consejo del Ministerio Público plantea que el juez no ponderó el carácter vinculante de los informes de auditorías, los documentos a cargo y las pruebas testimoniales, al tiempo que se excedió en el ámbito de su competencia como juez de la instrucción haciendo valoraciones propias del juez de juicio,  y por ello las conclusiones a las que arribó no resultan admisibles desde el punto de vista legal.

El querellante del caso calificó la sentencia como un concierto a la impunidad y la corrupción.

El magistrado Lebrón, al igual que Vallejo,  también votó a favor de que fuera modificada la medida de prisión preventiva por una garantía económica a favor de José Martín Cortorreal Ramírez, detenido llevando en su estómago sustancias prohibidas.