Agrupaciones que defienden los derechos de mujeres expresaron hoy su "alarma" e "indignación" por la decisión adoptada la semana pasada por el Tribunal Constitucional (TC) sobre el aborto, que continuará penalizado en el país.

El pasado miércoles el TC declaró la inconstitucionalidad del vigente Código Penal del país, al acoger recursos contra los artículos de esa legislación que tratan sobre el aborto y las penalidades para quienes incurran en esa práctica.

De esta manera, el alto tribunal acogió los recursos de inconstitucionalidad contra el Código Penal que interpusieron tres organizaciones no gubernamentales, apoyadas por la iglesia católica, opuestas al contenido de los artículos que tratan la interrupción del embarazo.

En una rueda de prensa celebrada hoy, las organizaciones defensoras de las mujeres dominicanas, señalaron que el Código Penal anulado contiene disposiciones dirigidas a sancionar hechos antijurídicos que afectan a la sociedad dominicana, como el sicariato, los crímenes de lesa humanidad, el feminicidio, la sanción a autoridades públicas por tratos crueles, inhumanos o degradantes y la corrupción, entre otros.

Pero además, señalaron, incorporaba avances en materia de protección de derechos humanos de las mujeres al tipificar delitos o circunstancias que afectan de manera particular o en mayor proporción a las mujeres.

Uno de esos avances, afirmaron, es la despenalización de la interrupción del embarazo cuando concurren circunstancias especiales, es decir, cuando peligra la vida de la mujer, cuando se constatan en el embrión malformaciones congénitas incompatibles con la vida y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto.

"Este reconocimiento -en la ley penal- del derecho a la vida, dignidad e integridad de las mujeres es una demanda que desde hace más de 45 años vienen exigiendo organizaciones feministas y de mujeres", señalaron.

Sin embargo, apuntaron, "por distintas responsabilidades de los Poderes del Estado y de los partidos políticos que determinan en esas instancias, al día de hoy todavía no se logra hacer efectiva esa garantía de los derechos de las mujeres".

En esta ocasión, aseguraron, "el procedimiento de aprobación del Código es la excusa para que se postergue la entrada en vigencia de una Ley que podría contribuir a evitar la muerte de cientos de mujeres y niñas en nuestro país; que reduciría el dolor y el trauma de quienes producto de una violación, -muchas veces cometidas por sus padres-, son obligadas hoy a una maternidad que no buscaron y que no están en capacidad física, emocional o económica para afrontar".

Las defensoras de las mujeres expresaron su "enorme" preocupación ante este nuevo escenario "que representa una grave amenaza a los avances jurídicos contemplados en el Código Penal aprobado en diciembre del 2014 y manifestamos nuestra decisión de mantenernos vigilantes de la actuación de quienes han sido elegidos por el pueblo como representantes y garantes de los derechos de toda la población en el país, de la cual las mujeres representamos el 50 %".

En ese sentido, demandaron que se mantengan los artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal aprobado en 2014 referidos al acceso de las mujeres a interrumpir un embarazo en las circunstancias antes señaladas.

Las declaraciones fueron emitidas por portavoces del Foro Feminista, Conamuca, Colectiva Mujer y Salud, CIPAF, Ce-Mujer, Ceduca, Núcleo de Apoyo a la Mujer, Udemu, Womens Link Worldwide, Centro de Estudios de Género de INTEC, Centro de Género y Familia de la UASD, Oxfam, Cladem RD y Unisimas.