Motivado por los altos niveles de delincuencia que se han registrado en el país en los últimos años, el jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, advirtió que desde la institución empezarán a detener a las personas que se desplacen a bordo de motocicletas con el objetivo de investigarlos.

Peguero Paredes explicó que el modo que utilizarán los agentes es selectivo. “Trabajaremos por perfil, para no causar molestias a los ciudadanos que se transportan en ese tipo de medio hacia su trabajo o que realizan compromisos productivos”, describió.    

A raíz de estas declaraciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que la decisión de la jefatura de la Policía Nacional de detener los ciudadanos con “perfil sospechoso” es violatoria de los derechos humanos, además de discriminatoria.

“Constituye de por sí un atentado a las libertades de las y los dominicanos por parte de los agentes al servicio de esta institución, en lo relativo al libre tránsito y a la presunción de inocencia como figura jurídica universal establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado y ratificado por la República Dominicana, y en la misma Constitución dominicana”, subraya la entidad defensora de los derechos de los ciudadanos.

La CNDH llamó al jefe de la Policía Nacional a dejar sin efecto dicha decisión ya que en lo específico viola “nuestra Carta Magna en su artículo 40 numeral 1, sobre derecho a la libertad y seguridad personal.
“Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito”, reza el citado artículo.

Además, recordó el artículo 46 de la Constitución que dicta: “Toda persona que se encuentra en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales”.

“Advertimos que de no detener de inmediato esta práctica, acudiremos por ante el Tribunal Superior Administrativo para que la misma sea dejada sin efecto, así como ante los organismos internacionales correspondientes”, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Hay otros mecanismos

Consultado por Metro, el candidato a la Presidencia por la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, consideró que la medida que ha tomado la Policía no es la mejor forma para abordar “el grave asunto de la lucha contra la inseguridad, provocada por la criminalidad organizada y común”.

Dijo que la noción de perfiles sospechosos puede resultar peligrosa además de innecesaria, ya que existe mucha información de inteligencia disponible. “Las instituciones de seguridad tienen muchos datos precisos de quiénes controlan el crimen organizado y común”, aseguró Castillo.

“Los perfiles sospechosos en una sociedad como la nuestra, con una institución policial débil y en una coyuntura política muy delicada, pueden dar origen a muchos problemas y riesgos”, enfatizó el candidato a la Presidencia por la FNP.

Recalcó que esa lucha no solo se gana con políticas penales, sino que se precisan de políticas sociales de gran impacto para reducir las condiciones en las que avanza la violencia, desde la política activa de empleo hasta mejorar la comunicación social de valores y modelos de conducta positivos.

“Hay medidas más prioritarias que han sido anunciadas muchas veces, pero nunca cumplidas, como el simple bloqueo de las llamadas de celulares desde las cárceles, o el uso de localizadores para los procesados por delitos que son puestos en libertad provisional bajo fianza, o una política de cámaras de video e iluminación vial”, indicó Pelegrín Castillo.

Insistió en que, a su juicio, también es más prioritario modificar el Código Procesal Penal “para cerrar las brechas del hipergarantismo que favorece a los criminales, la creación de jurisdicciones especiales de alcance nacional, la reforma de los servicios de inteligencia y mejores controles en fronteras, porque sin fronteras seguras no hay pueblo seguro, o bien el registro municipal”.