De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la corrupción consiste, entre otras cosas, “en la utilización de las funciones y medios en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”, explicación siempre referida a la función pública.

Por otro lado, en el documento “La Corrupción: características y consecuencias en República Dominicana”, publicado por Participación Ciudadana (PC) en 2003, esa definición adquiere una dimensión más allá de los conceptos y declara que la corrupción “es cuando una persona, grupo o sector se beneficia directa o indirectamente, de manera ilícita, poniendo sus intereses personales, grupales o sectoriales por encima de los demás y carente de toda ética”.

De ahí que las denuncias de corrupción administrativa hechas por los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil contengan alguno de estos elementos.

Con respecto a su ejecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) también da su explicación y afirma que las denuncias pueden ser presentadas por cualquier persona que conozca el mal uso de propiedad o fondos públicos.

Agrega que estas deben estar basadas en hechos concretos que reflejen la posible violación de leyes o reglamentos por parte de funcionarios, empleados públicos o personas particulares y que no deben tratarse de asuntos estrictamente personales o que estén fuera de la jurisdicción del Departamento de Prevención.

Personal o institucional

En esa categoría de “personal” caen algunos casos de denuncias que han sido calificadas como políticas, o incluso casos en que los imputados manifiestan sentir que “los ataques”, refiriéndose al argumento de la acusación, se refieren directamente a su persona y que no tienen que ver con su desempeño como funcionario.

Y para muestra un botón. El país recuerda cómo el senador Félix Bautista criticó que el procurador, Francisco Domínguez Brito, participara en una de las audiencias pautadas para conocer una acusación de corrupción interpuesta en su contra, primero por el movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción y luego por la Procuraduría General de la República.

En ese momento, en plena audiencia, Bautista, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) calificó al procurador como irresponsable y lo acusó de “manipular” el proceso judicial, lo que consideró como un abuso en su contra.

Sin embargo, y a pesar de las posiciones de uno y otro, para la sociedad civil la ecuación funcionario público más corrupción sigue dando como resultado impunidad.

“El Estado dominicano se maneja de manera tal que la corrupción es el motor que dinamiza muchos procesos y al mismo tiempo sirve para engrasar la pesada maquinaria burocrática”, afirma Mario Bergés, presidente del movimiento cívico Impunidad Cero.

Consenso social

Bergés considera que como ha aumentado la cantidad de denuncias interpuestas por corrupción, del mismo modo se ha incrementado la percepción de corrupción en la sociedad.

Precisa que ni la sociedad civil ni la población están conformes con el manejo dado a los casos de corrupción y agrega que “la corrupción existente en los doce años de Balaguer no pasaba de ser una travesura de muchachos malcriados si la comparamos con la organización delictiva que actualmente opera entre nosotros”.

Bergés coincide en sus criterios con el presidente de la Asociación Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, quien cree que desde la fundación de la República Dominicana hay corrupción. Para De la Rosa, también profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ningún gobierno ha escapado del cáncer de la corrupción.

“La corrupción es lo que sustenta a los gobernantes. A través de la corrupción pagan los aportes que les hacen los financistas políticos en campaña”, asegura.

Sostiene que los casos de corrupción llevados a los tribunales han sido manejados de manera errónea con el propósito de favorecer a los acusados, y dice que en el actual sistema procesal penal, la justicia es rogada.

Señala que el Estado posee las instituciones necesarias para evitar la corrupción administrativa. Cita la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Congreso Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero asegura que todas han fallado, por no tener voluntad política, ya que son parte del entramado corrupto.

A diferencia del presidente de Adocco, Bergés no se limita a citar a las instituciones y califica de vergonzosa la actuación de la justicia en los casos de corrupción.

Manifiesta que desde el Estado se hace muy poco en el combate de este flagelo social que, según los datos suministrados por De la Rosa, se lleva anualmente 200 mil millones de pesos, incluidos el presupuesto y la evasión de impuestos.

“Basta decir que en el caso de Félix Bautista lo único que había que hacer era decidir a favor de que su caso fuera a juicio,” lamenta Bergés.

Al hablar del caso de Bautista, dice que el senador es un funcionario a quien todas las voces  y rumores apuntan como culpable de corrupción, pero afirma que habrá que esperar la decisión que está en manos de la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Buscando un ejemplo

También manifiesta que, en el caso de Bautista, la sociedad será testigo de cómo un tribunal de cinco jueces decidirá por mayoría, no por unanimidad, que no existen razones para que ese caso vaya a juicio de fondo, y que por tanto lo que procede es un “No ha lugar”.

“Para la justicia dominicana ese prócer no merece ir a juicio de fondo pero habrá que esperar”, declara y coincide con De la Rosa, quien además de tener la misma percepción, al referirse a la posibilidad de lograr sancionar a un funcionario hallado culpable de corrupción, enfatiza que la aplicación de la pena en estos casos busca sancionar al que delinquió y enviar el mensaje al que no ha delinquido.

“Pero si pasa lo contrario y los imputados de actos de corrupción son descargados, los que están en la administración pública también serán corruptos, al ver que no pasa nada”, sentencia.

Para ambos, lo que sí es seguro es que en el país se necesita una condena ejemplar, en relación con casos de corrupción, y creen que esta será realidad cuando la población se empodere para exigir castigo para los corruptos, demande de las autoridades el cumplimiento de las  leyes y haya voluntad política para hacerlo.

“La historia está llena de discontinuidades y saltos no predecibles y yo tengo una fe enorme en este pueblo”,  destaca Bergés, al expresar su sentimiento de inconformidad con el manejo dado por la justicia a los casos de corrupción denunciados en el país, el cual es ampliamente compartido por De la Rosa, Alejandro Alberto Paulino, director del movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción; Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y todos los dominicanos y dominicanas que como Juan Rincón al ser cuestionado sobre quién era el autor de “La muerte del padre Canales”, gritó sin titubeo:

¡La justicia de Santo Domingo!