La jurisdicción penal de Samaná impuso una medida de coerción consistente en una garantía económica y visita periódica por un plazo de seis meses a Carlos Cruzado y Víctor Elías Mejía, quienes fueron apresados por miembros de la armada dominicana.

La medida de coerción fue impuesta por estar siendo procesado en virtud de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

La investigación se realizó en coordinación con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la División de Inteligencia (M-2) de la Armada de República Dominicana.