Un Brasil en tensión creciente y con pasiones exacerbadas seguía ayer los debates de una comisión parlamentaria que decidirá si la presidenta de izquierda, Dilma Rousseff, puede ser destituida por presunta manipulación de las cuentas públicas.

El Gobierno da por perdida la votación en esa comisión de 65 diputados, dominada por la oposición, aunque para separar a Rousseff del cargo ese resultado tendría que ser convalidado, probablemente en menos de una semana, por dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y hacia inicios de mayo por el Senado.

“Habrá unos 35 (votos) para ellos y 29 para nosotros”, admitió en un mensaje por Whatsapp enviado a la AFP el diputado Paulo Pimenta, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). El presidente de la comisión sólo vota en caso de empate.

En una sala repleta, casi todos los legisladores mostraban claramente sus preferencias, con carteles que decían “impeachment ya” o “Impeachment sin crimen es golpe”, indicó un reportero de la AFP.

El relator de la comisión, Jovair Arantes, reiteró su “convicción” de que “hay indicios suficientes de que la denunciada practicó actos que pueden ser considerados como crimen de responsabilidad”, por haber autorizado gastos no presupuestados sin la autorización del Congreso en 2014, el año de su reelección, y en 2015.

El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, instó en cambio a declarar “nulo” el proceso, por considerar que no existían cargos susceptibles de justificar una decisión de semejante gravedad. “La historia no perdona, y no perdonará, que la presidenta de Brasil sea apartada (...) por un proceso que no se sustenta mínimamente”, declaró.

Lula y Chico Barque en acto por Rousseff

Rousseff, sumamente impopular, cuenta con la capacidad negociadora y movilizadora de su predecesor, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), para llegar hasta el fin de su mandato en 2018.

El exsindicalista participará al caer la tarde en un acto “en defensa de la democracia” en Rio de Janeiro, junto al cantante y compositor Chico Buarque, al teólogo Leonardo Boff y a figuras del mundo cultural y artístico brasileño.

Rousseff nombró a Lula jefe de gabinete, pero su asunción fue bloqueada por un juez que la consideró una mera artimaña para protegerlo de la justicia ordinaria, que investiga su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras.

Esa investigación, abierta en 2014 por el juez Sergio Moro con el nombre de operación Lava Jato (lavado a presión) ha llevado a la cárcel o sentado en el banquillo a buena parte de la élite económica y política del país. La Corte Suprema dirá el próximo 20 de abril si Lula finalmente puede ser ministro.

La posición del exmandatario es paradójica: según la encuesta Datafolha, en algunos escenarios lideraría una primera vuelta electoral con 21% de los votos, pero es al mismo tiempo el político con los mayores índices de rechazo, superior al 50%.