La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, denunció este martes lo que calificó como “conjura” contra la “estabilidad democrática” del país, al aludir al trámite para un eventual juicio político con miras a su destitución que comenzó en el Congreso.

“Si es necesario movilizar a la sociedad en una campaña por la legalidad”, que “quede claro que me sobran energías, disposición y respeto a la democracia para el enfrentamiento necesario a la conjura que amenaza la estabilidad institucional y democrática”, dijo en un acto con juristas y activistas de movimientos sociales.

En un discurso muy duro, Rousseff aseguró que está en marcha “una ruptura institucional que se forja en los sótanos” de la política y apunta a “desconocer el legítimo mandato” que recibió de la sociedad brasileña en las urnas.

Rousseff aseguró que tiene “la conciencia tranquila de quien no cometió ningún acto ilícito que pueda caracterizar un ‘delito de responsabilidad’”, de lo que la acusa la oposición ante el Congreso, sobre la base de unas irregularidades descubiertas en los balances que el Gobierno presentó en 2014 y 2015.

También sostuvo que tiene “la seguridad de quien actuó para combatir de forma enérgica y continua la corrupción que siempre afligió a Brasil”.

La mandataria insistió en que la oposición ha puesto en marcha el trámite para un juicio político porque “no acepta” su victoria en las elecciones de 2014, en las que fue reelegida para un segundo mandato, y calificó el proceso en el Congreso de “amenaza” a la democracia.

“Condenar a alguien por un crimen que no cometió es la mayor violencia que se puede cometer contra una persona” declaró Rousseff, quien recordó que ya fue “víctima de la dictadura”, en alusión al tiempo que pasó en prisión durante el último régimen militar, que se prolongó entre 1964 y 1985.

“Ahora, lucharé para no ser víctima en plena democracia”, afirmó la mandataria, respaldada por un coro que cantaba “no habrá golpe”.

Según Rousseff, en la situación que vive Brasil “no caben las medias palabras, pues lo que está en curso es un golpe contra la democracia” y “no importa si el arma es un fusil, una venganza o las ganas de algunos por llegar más rápido al poder”.

Así como en otras ocasiones, afirmó que “jamás” renunciará a su mandato y que “los golpistas no pasarán”.

El acto fue celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, al que acudieron una treintena de juristas y decenas de activistas de movimientos sociales que coincidieron en que no hay fundamentos legales para procesar a Rousseff, que enfrenta una de las peores crisis políticas que se recuerde en la historia del país.

Cronología del caso Petrobras

Julio 2013. Estalla el caso. La Policía Federal de Curitiba descubre una red de lavado de dinero. Entre los implicados estaban Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero, y Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, quienes colaboraron con la justicia. Así se hizo el nexo con la empresa estatal más grande de Latinoamérica.

Marzo 2014. Se descubre sistema generalizado de sobornos. Un gran número de empresas privadas, entre las que se encuentra la constructora OAS, la mayor del continente, pagaron sobornos a funcionarios de Petrobras y a políticos miembros del PT y otros partidos de la coalición oficialista para conseguir contratos.

Esto habría sucedido principalmente entre 2004 y 2012 cuando Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, ocupaba el máximo cargo de la petrolera estatal.

Octubre 2014. Reelección. A pesar de las protestas durante el Mundial de Fútbol por las falencias en los sistemas de salud, educación y por el gasto que hizo el Gobierno para la construcción de los estadios, Dilma Rousseff fue reelegida como presidenta con el 51.6% de los votos. El caso Petrobras todavía no la manchaba, y se comprometió a luchar contra la corrupción en el país.

Marzo 2015. Investigados los primeros políticos. 1,7 millones de personas se lanza a las calles a protestar contra el gobierno de Rousseff. Pidieron su salida debido a que a inicios de marzo, la Corte Suprema de Brasil autorizó investigar a 12 senadores y 22 diputados, incluidos los presidentes de ambas instancias, por corrupción ligada al caso Petrobras. Todos formaban parte de la coalición de gobierno. El cerco alrededor de Dilma se cerraba.

Abril-diciembre 2015. Procesados y detenidos. Son condenados Paulo Roberto Costa, director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012, y el exjefe del área internacional de Petrobras Néstor Cerveró, por lavado de dinero.

En junio son detenidos dos empresarios dueños de las constructoras más grandes del país por pago de sobornos.

En julio, otros dos empresarios son condenados a 15 años de prisión. Entre agosto y diciembre son denunciados el exjefe de gabinete de Lula, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el expresidente Fernando Collor y el tesorero del PT, entre otros políticos.

Marzo 2016. Lula al baile. Después de que fuera condenado el propagandista de Lula y Dilma, la fiscalía convocó a Lula Da Silva, expresidente de Brasil, a declarar por el caso. La entidad aseguró tener pruebas contundentes que involucran a Lula.

Dilma Rousseff anunció que lo investiría como ministro, cosa que ocurrió ayer. Pero a los 40 minutos, un juez de Brasilia anuló el nombramiento con una medida cautelar debido a que Dilma está siendo investigada por delito de “responsabilidad”, lo que es causal de destitución.