Los diputados  Hugo Tolentino Dipp, Manuel Jiménez, Minou Tavárez Mirabal, Alberto Atallah y Guadalupe Valdez sometieron ante la Cámara de Diputados una propuesta de resolución para que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, sea interpelado ante este órgano.

Los legisladores explicaron que el objetivo es que Rosario responda las interrogantes sobre la compra, por 31 millones de dólares, de los equipos usados en las pasadas elecciones.

Detallaron que toman la medida en función del papel de fiscalización que les corresponde, amparados en el artículo 95 de la Constitución sobre las interpelaciones a todo funcionario u organismo que de forma autónoma o descentralizada maneje fondos públicos.

Los legisladores consideran que el pasado domingo 15 de mayo se realizaron en el país las elecciones “más caóticas en los últimos 20 años,  siendo notorio el clima de desconfianza generado desde la propia JCE”, y afirman que las resoluciones que establecían la obligatoriedad del conteo manual no se comunicaron de manera efectiva al personal que trabajaría en los colegios electorales.

Entre otras irregularidades están la “renuncia” de tres mil auxiliares técnicos a pocas horas de las elecciones, el retraso al inicio de la votaciones por falta de equipos y técnicos en un número significativo de colegios electorales, la publicación del escrutinio electrónico sin la confirmación del conteo manual como establece la ley, “la compra de cédulas”, entre otros.

En un proyecto de resolución entregado a la presidencia de la Cámara de Diputados, los legisladores sostienen que el mismo Roberto Rosario el pasado 2 de junio reconoció que casi un 25 % (que corresponde a 3 mil 700 unidades) de registro de concurrentes no funcionaron durante la votación.

A esto se le suma la denuncia que hace Participación Ciudadana de que en más de un 60 % de los colegios electorales se presentaron dificultades de distintos tipos al usar los equipos electrónicos, algo que los diputados exigen debe ser explicado ante la inversión en que incurrió el Estado, de 31 millones de dólares gastados para el equipamiento de las elecciones generales.