La cónsul general de Estados Unidos en el país, Silvia D. Jhonson, visitó ayer la Junta Central Electoral (JCE) y pidió reunirse con el presidente del organismo, quien la recibió en su despacho a las 2:00 de la tarde.

“El motivo de la visita fue para notificarle que el Departamento de Estado de Estados Unidos había revocado la visa diplomática de que era portador en su calidad de funcionario público y tenía vigencia hasta el 2017, así como la visa personal en el pasaporte ordinario que vencía en el 2024”, informó la JCE en un comunicado, una novedad que se difundió con rapidez por medios de comunicación y redes sociales.

Aunque el embajador James Brewster se negó a tratar el tema cuando la prensa lo abordó en una actividad a la que asistió ayer, la embajada emitió un comunicado que confirmó el hecho.

“El Departamento de Estado tiene amplia autoridad  y se reserva el derecho, bajo la Sección 221 (i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de revocar visas estadounidenses sobre la base de información que salga a la luz, en cualquier momento, que influya en que una persona se considere elegible para una visa y viaje a los Estados Unidos”, indicó, sin embargo, evadiendo el tema de las razones.

A pesar de lo escueto del documento, de dos párrafos, la especificidad resulta inusual si se compara con otros casos de suspensiones o cancelaciones de visa, como la que supuestamente afectó en octubre de 2015 al senador Félix Bautista, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Inusual resultó también la disposición el afectado de  dar a conocer el hecho.

Previo a las pasadas elecciones presidenciales, legislativas y municipales, Rosario dijo a la prensa que había recibido presiones del embajador Brewster, que requería la participación de Estados Unidos como “observador”, cuando un país solo podía acudir a unos comicios extranjeros como “invitado”. En una entrevista en el programa radial El Gobierno de la Mañana, respondió afirmativo a la versión de que Estados Unidos había amenazado con retirarle el visado. “Ciertamente hubo una amenaza”, declaró sin abundar en detalles.

Rosario también había dado a conocer conversaciones incómodas con Brewster en relación con los efectos de la sentencia 168-13, sobre la nacionalidad de las personas nacidas en el país, descendientes de inmigrantes irregulares, y de los alcances de la Ley de Naturalización.