Tres de las denuncias de corrupción más debatidas en el último cuatrienio son las presentadas contra el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el expresidente Leonel Fernández, quienes fueron sometidos, una vez salieron del gobierno, por distintas organizaciones de la sociedad civil.

Todos fueron acusados por corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La acusación contra Bautista, por ejemplo, indica que supuestamente hubo corrupción en la construcción de 20 obras públicas que implicaron un desfalco por 25,000 millones de pesos, fondos que supuestamente fueron distribuidos en bienes raíces.

El veredicto final todavía está pendiente en los tribunales.

Díaz Rúa, en cambio, fue sometido también por lavado de activos y corrupción, mientras se desempeñaba como funcionario público.

El caso fue ampliamente debatido y mereció que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, se pusiera la toga para litigar ante el tribunal, como quien quiere evitar que la historia le atribuya la culpa “a la justicia de Santo Domingo”, señalada en el relato de la muerte del padre Canales, como la culpable de su fallecimiento por no haberle pasado factura a su agresor.

Pero su esfuerzo fue en vano: el expediente quedó archivado mediante la sentencia número 224-PS-2014, la cual frenó el proceso seguido al exministro.

De primer orden

Como otro caso que concitó la atención pública figura la denuncia por corrupción que más “agua dio de beber” hasta el día de su archivo definitivo: La interpuesta por el político Guillermo Moreno, quien sometió ante la justicia al expresidente Leonel Fernández.

Moreno acusó a Fernández y a su Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) de lavado de activos y prevaricación de fondos públicos.

La acusación se hizo en enero de 2013 y meses más tarde, en mayo de ese año, fue archivada de manera definitiva por la fiscal del Distrito Nacional. Ni siquiera fue abierto un proceso de investigación contra el exmandatario, a pesar de la gran cantidad de supuestos contenidos en la querella del exfiscal del Distrito Nacional.

Luego del archivo, fueron muchas las manifestaciones de la sociedad civil para que la decisión fuera revisada, pero no funcionó.

Por su parte, Moreno, depositó ante la  Suprema Corte de Justicia (SCJ) una objeción al archivo hecho por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.

El procurador desestimó  la demanda  interpuesta alegando que no existen elementos materiales o indicios que comprometan su responsabilidad penal.

Ante este panorama son muchas las organizaciones de la sociedad civil que han dedicado días, semanas, meses y años a luchar en contra de la impunidad en los casos de denuncias de corrupción administrativa.

Marca mundial

“República Dominicana se ha distinguido en todos los estudios internacionales entre los países con mayores niveles de corrupción. El Índice de Percepción de Corrupción, así como el Índice Global de Competitividad, ubica el país como una nación donde hay corrupción y donde no hay consecuencias”.

Es la opinión de Rosalía Sosa, directora ejecutiva del movimiento civil no partidista Participación Ciudadana (PC).

Sosa afirma que el número de denuncias en los medios de comunicación se ha mantenido constante, pero la cantidad de casos sometidos al sistema de justicia no ha sido proporcional.  

Pone el ejemplo del caso de Aduanas, referente al robo de U$136,557, hecho en el que se determinó la participación de varios empleados de la entidad gubernamental.

Señala que un director de esa institución, a quien no quiso identificar, manifestó el interés de la entidad sobre el caso penal y otro incumbente retiró su interés.

“Como se puede observar no hay coherencia, ni interés de perseguir la corrupción”, afirma.

Explica que en el país no se ha hecho suficiente para combatir la corrupción y dice que la justicia se ha mantenido indiferente ante las denuncias.

“Cuando la denuncia es muy notoria y hay reacción de la ciudadanía,  se separa del puesto al funcionario, pero no se presenta ni denuncia ni querella en su contra y el Ministerio Público no actúa ni de oficio, como establece la ley”, agrega Rosalía, quien se refiere al artículo 30 del Código Procesal Penal.

Establece que “el Ministerio Público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia.

La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes”.

La misma disposición está contenida en la Ley Orgánica del Ministerio Público que además  establece, en su artículo 25, que los miembros de este organismo deben ejercer sus funciones sin consideraciones de índole político partidaria.

“Ninguno de sus miembros puede participar en actividad político-partidista, aprovechar su investidura para realizar propaganda a favor de ningún partido político, ni utilizar los recursos humanos o materiales de la institución para tales fines”, insiste.

Sin embargo, recuerda cuando fue denunciado, en 2014, que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, participó en una actividad partidaria, con miras a una posible postulación por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del cual forma parte, aunque actualmente se desempeña como jefe del Ministerio Público.

Es decir, además de ser jefe del Ministerio Público, órgano encargado de dar respaldo a los reclamantes de justicia, es parte del partido que ha visto llover decenas de denuncias de corrupción contra de muchos de sus miembros, en este caso compañeros de partido.

Sin embargo, hay una luz al final del túnel. De acuerdo conlas declaraciones dadas a Metro por Alejandro Alberto Paulino, director del movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción, esa institución ha sometido varios recursos para lograr que los archivos definitivos de algunos casos de corrupción, que no han adquirido la calificación de “la cosa irrevocablemente juzgada”, se retomen en Justicia, y ver si se logra que la suerte del proceso cambie y los resultados judiciales puedan borrar el sabor a impunidad que lleva consigo gran parte de la sociedad civil de República Dominicana.