En casi dos años y medio de gestión, “el mayor logro” de la defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante ha sido “crear este organismo de la nada”.

“¿Qué hemos hecho? Todo. A mí me entregaron una resolución. Con eso, sin un manual, sin una guía, sin un diseño, forcé la mente y creé la figura del defensor del pueblo y su accionar”, afirma.

Aunque la Constitución de la República le confiere la potestad para inspeccionar y velar por la transparencia de las oficinas públicas para el real cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país, Martínez no hace reclamos sino que pide ayudas.

Sus peticiones van desde solicitar al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, “una mano amiga” para la habilitación de un inmueble para que esta institución deje de operar, como hasta el momento, en un local alquilado en la Plaza Merengue, ubicado en la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, hasta pedirle al procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, que la acompañe a investigar los casos de jóvenes a quienes supuestamente agentes de la Policía Nacional les colocan drogas para incriminarlos.

“Dentro de lo que es posible se han resuelto los casos que nos llegan, pero no tenemos el espacio para captar el personal. Tenemos el inmueble adquirido pero no se ha construido. Hemos contactado a Obras Públicas con la intención de que el Defensor del Pueblo no se vea involucrado en el manejo de esos recursos; hablé con Gonzalo Castillo y me dijo que iban a mandar una comisión para tratar de darnos la mano amiga”, cuenta Martínez con pasiva impotencia.

Esta señora, de primaveras acumuladas, es una de las ramas que se desprenden del reformismo balaguerista. Aunque atacada por varios sectores cuando asumió el cargo de defensora –puesto por el que también compitieron otros 79 candidatos– no se da por vencida.

“Yo no conozco la palabra fracaso. Yo me reúno con ellos (las autoridades) a mostrarles lo que dice la ley; no por complacencias. Yo insisto buscando armonizar, aquí y allá”, sostiene Martínez, exfiscal del      Distrito Nacional y durante el último gobierno de Joaquín Balaguer, embajadora de República Dominicana en Corea.

Según la Ley 19-01, que instituye al Defensor del Pueblo, la entidad tiene la facultad de educar a la población sobre sus derechos y las prerrogativas constitucionales que debe exigir en caso de violación; sin embargo, las actividades que realiza este organismo se conocen poco. Martínez expresa que “ya se hizo la licitación para hacer la campaña publicitaria en la prensa; apenas tenemos algunas menciones en algunas emisoras (…) necesitamos propaganda y visibilidad”.

Dentro de las quejas más frecuentes que llegan a la oficina de la defensora del pueblo se encuentran “las pensiones y jubilaciones de ancianos trabajadores, los desalojos de personas que alguna vez ocuparan terrenos privados, la falta de hospitales, la discriminación hacia personas homosexuales o con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la contaminación de cañadas, aguas estancadas y demás daños ambientales que provocan empresas mineras en diferentes provincias del país”.

Los adultos y niños desaparecidos también forman parte de la línea de acción de Martínez. Se refiere a Randy Vizcaíno González, desaparecido hace casi dos años, de un cuartel de la policía sin dejar rastro alguno y sin que las autoridades den razones, y ofrece por este joven, de su bolsillo, la suma de 100 mil pesos para que aparezca.

Al cuestionársele sobre su apoyo al colectivo Poder Ciudadano, que desde hace diez semanas protesta en demanda del cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la dirigente subraya que no puede participar de estas luchas luego de que está judicializado un expediente.

“El deber nuestro es apoyar al que tiene la razón. Tengo que actuar neutralmente. La cadena humana, sea de quien fuese, tienen libertad de expresión y libertad de tránsito. Pero nosotros tenemos que actuar con neutralidad. Tenemos que buscar el advenimiento de ambas partes; hay que evitar todo lo que sea agresión. Primero yo actúo con los organismos de arriba”, subraya Martínez, quien se refiere a que su labor de mediadora es “dura y constante y requiere vocación de servicio”.

El lente de las luchas de Zoila está colocado en objetivos esenciales pero difusos.

Mientras día tras día el pueblo tiene puestos los ojos en el cuestionable accionar de funcionarios, jueces y demás personalidades de la administración pública, esta representante de los intereses de la ciudadanía pide “mayores fondos para que la Procuraduría General de la República pueda asignar abogados a las personas víctimas de abusos delictivos” y apuesta firmemente por una neutralidad que se abre un diminuto frente hacia el oficialismo.