La propuesta de eliminar el Despacho de la Primera Dama no es un tema nuevo. Hace aproximadamente un año, el aspirante a la Presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, planteó que de convertirse en el primer mandatario de la nación prescindiría, entre otras instituciones, de esta entidad del Estado, además de fusionar otras instituciones para asignar más recursos a áreas fundamentales, como salud y educación.

Abinader, quien para ese entonces aún se disputada la candidatura del PRM con el expresidente Hipólito Mejía, argumentó que el objetivo es eficientizar el gasto público.

Recientemente, el candidato opositor volvió a asegurar que el presidente de la República, Danilo Medina, gasta cuatro millones de pesos, diariamente, en el Despacho de la Primera Dama, y que sólo destina un millón 600 mil pesos diarios en el Ministerio de la Mujer, para los programas de promoción y protección de los derechos de ese segmento.

Estas declaraciones ponen otra vez en debate el tema de la eliminación de la citada estructura, a fin de “destinar al Ministerio de Salud Pública los 675 millones de pesos que recibe del presupuesto”.

Sobre la propuesta, el presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, explicó a Metro que el punto no sería eliminarlo, sino que a lo que se refieren quienes cuestionan el papel de esta entidad es que tenga atribuciones que legalmente no le corresponden.

“Realmente la cultura política en la República Dominicana ha hecho, basado evidentemente sobre la falta de institucionalidad, que al Despacho de la Primera Dama se le asignen inclusive más recursos que a otras instituciones públicas”, destaca De la Rosa Tiburcio. 

Critica que esta entidad, “aprovechando la coyuntura de ser (dirigida por) la esposa del jefe de Estado, goza de una asignación en el presupuesto, como no tienen otras instituciones, inclusive con partidas extras”.

El presidente de Adocco resaltó que ese despacho debería ser un ente de coordinación entre los ministerios y la población, cuando esta necesite del auxilio o cuando no se sienta el interés que deben mostrar las instituciones y sus incumbentes.

De la Rosa Tiburcio dijo además  que esto no se debería ver como una agresión o un desconocimiento del papel de la mujer porque para ello hay un Ministerio de la Mujer que desarrolla actividades tendentes a promover el respeto a la mujer y su participación equitativa en la sociedad.

Más de mil millones

De igual forma se expresó el economista José Rijo Presbot, quien manifestó a Metro que “el Despacho de la Primera Dama debe ser reducido a una simple oficina de atención y acompañamiento al Presidente”.

Destacó que esta entidad no debería manejar un presupuesto superior al Ministerio de la Mujer, que para todo el año solo tenía una partida de 505 millones de pesos.

Rijo Presbot explicó que el Despacho ejecutó mil dieciséis millones de pesos en 2015 y consideró que eso es mucho dinero para un despacho, cuando lo que tenía presupuestado eran unos 675 millones.

El experto en temas de presupuesto dijo que los fondos con los que el Despacho “se sobregiró” probablemente fueron sacados de las partidas que el Gobierno presupuesta y luego no ejecuta y que hace transferencias de una partida a otra.

“Es probable que la Presidencia lo haya sacado de lo que le corresponde al presidente también. El presidente dispone de un fondo especial para lo cual hace transferencias. El presidente maneja unos cuatro mil 900 millones de pesos a su discreción”, puntualizó.

Sin embargo, resaltó que no hay un detalle o una explicación de cómo fueron utilizados esos fondos.

Aseguró que si la partida presupuestaria designada al Despacho de la Primera Dama se compara con lo que recibieron los 434 centros de la Región Metropolitana de Salud, que compone el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, es mucho dinero.

“Es correcto que el Despacho de la Primera Dama, que hace labores asistenciales, sea mejor traducido a la asistencia social que es una misión del Ministerio de Salud Pública”, indicó Rijo.

Entre Cándida y Raquel

Raquel Arbaje, esposa de Luis Abiander, aseguró que de llegar a ser la próxima primera dama dominicana asumiría su cargo sin competir en términos presupuestarios con otras instituciones del Estado.

Asegura que la esposa del Presidente no es una funcionaria, ni es elegida por el pueblo, por lo cual no tiene que manejar tantos recursos.

Sin participar en las votaciones del 15 de mayo, Arbaje  es la retadora ante la actual primera dama Cándida Montilla de Medina, cuyo esposo busca la reelección para el período 2016-2020.

Defensa de la Presidencia

Sobre este tema, el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, afirmó que con esas declaraciones sobre el Despacho, Abinader solo busca cerrar el Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAID), y con ello quitar la posibilidad de que los niños con discapacidad provenientes de hogares pobres continúen recibiendo la atención que se les brinda.

Sin embargo, el representante de Adocco dijo que el Despacho de la Primera Dama no debería tener que realizar la labor que le está reservada al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación o al programa de Asistencia Social de la Presidencia.

“Esto debería ser, como su nombre lo indica, un despacho que estará al frente quien ostente esa condición de Primera Dama, para de manera simbólica, realizar algunas actividades, pero no las actividades que realiza actualmente el Despacho, sobre la base de la asignación de un presupuesto”, insiste De la Rosa.

Dijo que esos recursos hay que asignárselos a las instituciones que legalmente están en capacidad de poder conducirlo y hacer la distribución de acuerdo con las demandas de esas otras instituciones.

De Renée Klang a Margarita Cedeño

Aunque Renée Klang de Guzmán (1978-82) y Asela María de Jorge (1982-86) le dieron un carácter social al puesto de primera dama, fueron Rosa Gómez de Mejía (2000-2004) y Margarita Cedeño (2004-2012), quienes manejaron una estructura llamada Despacho de la Primera Dama, creada en septiembre del año 2000 como  “una instancia técnico administrativa de la Presidencia de la República”, mediante el decreto 741-00.