El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ordenó ayer el regreso inmediato del dirigente transportista Blas Peralta al Centro de Corrección y Rehabilitación en La Romana, donde se encontraba recluido antes de ser enviado al Centro Correccional de Haras Nacionales.

El funcionario tomó la decisión después que se realizara una evaluación médica al imputado para determinar la gravedad de su estado de salud.

“Luego de una exhaustiva evaluación de una comisión médica se comprobó que el cuadro de complicaciones que presentaba el señor Peralta había sido rebasado, y por lo tanto, estamos ordenando su retorno inmediato al recinto penitenciario de La Romana, la cual se producirá en las próximas horas”, explicó Rodríguez.

Peralta, quien había sido enviado desde el pasado sábado a la correccional ubicada en Villa Mella, está acusado de matar al exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, quien falleció a causa de varios disparos cuando salía de una reunión política junto al acusado y otros compañeros.

El procurador dijo que desde ese organismo no se permitirá que el tema médico sea utilizado para retrasar más el caso, sino que ya encontrándose estable (Blas Peralta), tiene que asistir a todas sus audiencias y enfrentar el peso de la ley.

“Fue una decisión política”

Como “una decisión política” calificó el jurista Cándido Simón Polanco la disposición de trasladar a Blas Peralta desde La Romana hasta el recinto especial de Haras Nacionales por parte de la Procuraduría General de la República.

 Según Simón, también el hecho de que la decisión fuera tomada “el fin de semana y no se le haya comunicado a la Fiscalía del Distrito”, fue una acción poco transparente de esa institución, que ayer revocó dicha medida.

“Entiendo que si se hubiera buscado resolver el tema por el estado de salud de Blas Peralta, se hubiese acudido directamente al Hospital de las Fuerzas Armadas o al de la Policía Nacional, pero fue evidente que enviarlo a Haras Nacionales se trataba de una decisión que busca beneficiar al imputado”, deploró Simón.

El jurista dijo que la decisión de trasladar a Peralta afecta en gran medida al nuevo modelo penitenciario dominicano, que se encuentra entre uno de los mejores en el mundo, y es sin duda el referente en América Latina.

“El nuevo modelo no está previsto para presos preventivos, sino para reclusos condenados, sin embargo se han estado llevando presos preventivos y se está dañando el sistema, el protocolo es para presos sentenciados, y Blas Peralta está en espera de condena”, señaló Simón Polanco.

Sobre el hecho de que se haya enviado a Peralta a Haras Nacionales sin la orden de un juez, Simón expuso que el proyecto de la Constitución de 2010 decía que un preso podía ser trasladado con la orden de una autoridad judicial competente, pero que tras su modificación, se le eliminó el término “judicial” y solo se quedó con “autoridad competente”. En tal sentido la orden de traslado fue legal.

Esa modificación fue propuesta por el exsenador y exprocurador Francisco Domínguez Brito, ya que en las cárceles se armaban motines o se necesitaba apartar de manera urgente a un preso, y se necesitaba la orden de un juez y en muchos casos no había tiempo.

“La decisión fue legal, pero no legítima, ya que los presos que califican para estar recluidos en Haras Nacionales son los de tercera edad que tienen unas tres cuartas partes de la pena cumplida, o los que presentan una enfermedad terminal”, indicó el abogado Simón.

“Necesita la orden de un Juez”

Tras analizar la decisión de enviar a Blas Peralta a una cárcel de mínima seguridad, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) explicó que el traslado no emanó de una autoridad judicial competente.

“Sobre el particular, la Constitución de la República establece taxativamente las condiciones que deben cumplirse para el cambio de cárcel de quienes estén privados de libertad. Específicamente, en el artículo 40, numeral 12 se indica que: –queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un  establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente–; es decir, mediante una orden judicial, que es la que orienta la acción de la Dirección General de Prisiones, bajo cuyo control están todos los establecimientos carcelarios del país”, explicó el vicepresidente de FINJUS, Castaños Guzmán, en disenso interpretativo con respecto a Simón.

Castaño destacó que el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia No. 233/13 estableció diáfanamente que el director general de Prisiones no puede ordenar el traslado de un interno de un establecimiento carcelario a otro lugar, al margen de lo preceptuado por la Constitución, salvo la declaratoria de los estados de excepción –estado de conmoción interior y estado de emergencia–.

“Cuando las autoridades penitenciarias decidieron trasladar a Blas Peralta a Haras Nacionales, no observaron disposiciones de carácter constitucional, legal y de procedimiento interno en el Ministerio Público, que resultan inaceptables y que deben merecer una atención especial de parte del Procurador General de la República”, condenó el vicepresidente de la fundación.

Reclamos
Disturbios en la UASD por el traslado

La quema de neumáticos, lanzamiento de piedras y otros actos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo provocaron que el mediodía de ayer se cerrara el túnel de la Ortega y Gasset. Los enfrentamientos entre encapuchados y agentes policiales, según se dijo, se produjeron por manifestaciones de protesta por el traslado de prisión de Blas Peralta, acusado de dar muerte al exrector de la UASD.

Retornará a La Romana

“Hemos decidido enviarlo otra vez a La Romana luego de una exhaustiva evaluación médica”.
Jean Alain Rodríguez,procurador general.

No hubo orden de un juez

“Las autoridades penitenciarias no observaron las disposiciones constitucionales para trasladar a Blas Peralta”. Servio Tulio Castaño, Vicepresidente Finjus.

Constitucional, no transparente

“El traslado de Blas ha sido legal según la modificación constitucional de 2010, pero no legítimo”.
Cándido Simón Polanco, Jurista.