La relación empleado-empleador podría parecer una de esas relaciones de amor y odio. Amor por los beneficios económicos que da a un trabajador la garantía de un trabajo; odio por el incumplimiento de las reglas en este juego de intereses.

El Código de Trabajo de la República Dominicana, del año 2007, define al trabajador como una persona física que presta un servicio, material o intelectual, en virtud de un contrato de trabajo, y al empleador como la persona física o moral a quien se le presta el servicio.

Para Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Unidad Sindical (CNUS), el aporte de la clase trabajadora dominicana no se aprecia en la medida que debería hacerse.

“El Código Laboral dominicano establece unos derechos. Que el trabajador tenga descanso, unas vacaciones pagadas a tiempo. Muchas empresas ponen al empleado a trabajar horas extras, días feriados, y no cumplen con pagar ni el porcentaje mayor, ni el doble que es lo que corresponde”, subraya Abreu.

Según el sindicalista, uno de los temas más debatidos entre empleadores y empleados son los derechos de las embarazadas. “No se puede desahuciar a una mujer embarazada ni se le puede despedir. Hay empresas que violan esto y no quieren cumplir con la protección que el Código establece para una mujer en estado”.

A la lista de diferencias entre ambos sectores se agrega también el tema de la higiene y la salud, el pago de prestaciones laborales, las bonificaciones, pero sobre todo la seguridad social. “Por más situaciones que hemos enfrentado, aunque hemos logrado avanzar en algo, la seguridad social sigue siendo una ley que no ha llegado a cubrir a los trabajadores como debe de ser”, recalca Abreu, quien se refiere a que hay empleados que aunque tienen su seguro médico y quieren afiliar a sus padres (en su mayoría ancianos) como dependientes, el sistema les plantea que tienen que pagarlos como si no fueran parte del núcleo familiar, lo que define como una injusticia del sector laboral.

Desde la otra esquina, al sonido de la campana,  saltan los empleadores, también conocidos como “patronos”. Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Joel Santos, la clase empleadora dominicana es “emprendedora”, sin embargo, advierte que “en este país es difícil ser empresario”.

“El empleado dominicano en su generalidad es un buen empleado. Yo también tengo empleados, y se destacan por su actitud; quizá les falta mayor preparación, pero tienen mucha disposición”, enfatiza Santos, quien menciona el ausentismo laboral y el pago de las prestaciones laborales como la principal fuente de discordia, tanto de un lado como del otro.  

Según considera el presidente de Copardom la justicia laboral en el país no es imparcial. “En los tribunales hay una presunción de culpabilidad hacia el empleador”, destaca. En ese sentido coincide con Pepe Abreu quien en declaraciones a Metro RD dijo que “afortunadamente, los fallos de los jueces en su mayoría favorecen al trabajador”.

Santos también refiere que “muchos empleadores aun sabiendo que tienen la razón deciden no ir a la justicia porque saben que se les va a hacer muy difícil obtener una sentencia favorable. En la mayoría de esos casos, incluso robos, el empleador no aplica el despido, pues está consciente de que no va a obtener grandes resultados”.

El Ministerio de Trabajo, según el director de Trabajo Valentín González, tiene tres papeles fundamentales en términos de derecho laboral en el país: preservar de la paz laboral (que la relación empleado- empleador se dé en un marco de respeto, sin traumas y sin conflictos y sin tropiezos); garantizar el cumplimiento de la normativas laboral (garantía de derechos) y mediar para el acceso a empleo de la población.

“Tenemos un sistema de inspección de trabajo. En los 12 meses del año hacemos visitas regulares a las empresas”, explica González, además de mencionar las 40 oficinas que en todo el país para orientar a la ciudadanía sobre el tema.

En estas diferencias, lo importante en una parte y la otra será conocer bien lo que establece la ley, y que por encima de cualquier interés, tanto empleado como empleador estén al tanto no solo de sus derechos, sino también de sus deberes.