El rechazo a la corrupción se torna, según encuestas, en un tema cada vez más relevante para la población dominicana. Sin embargo, pocos sometimientos prosperan en los tribunales, por lo que varios activistas analizan si una comisión extraordinaria contra la impunidad en el país representa una alternativa o, simplemente, una utopía.

En agosto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) logró llevar a la Justicia al presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti. Ya corrientes en Honduras y El Salvador piden replicar el organismo en esos países.

En República Dominicana existen las condiciones para demandar también una entidad con ese alcance, entiende  Julio Cesar De la Rosa, Coordinador general de la Alianza  Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).

“Hemos propuesto que tomando en consideración lo de Guatemala, que tenía una situación parecida a la que posee hoy el país, con instituciones débiles, se cree la comisión”, subraya de la Rosa. 

Considera que la falta de voluntad política para enfrentar la corrupción ha provocado que la impunidad se constituya en su aliada principal.

“Debemos erradicar esa cultura de impunidad que tenemos aquí”, subrayó el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, quien, a diferencia del presidente de Adocco, prefiere un Ministerio Público independiente que garantice la continuidad de Estado, más allá de un ente transitorio.

En tanto, Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana define como “imprescindible” una institución de este tipo.

De la Rosa recuerda que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario; sin embrago, entiende que ante el rumor público se hace necesario que el Ministerio  Público actúe abriendo una investigación.

Por ejemplo, Potentini considera necesario que se actúe sin contemplación con aquellos funcionarios que aún no realizan su declaraciones juradas de bienes, un asunto que, asegura, se trata “con paños tibios”.

Del tema también opina Eduardo Sanz Lovatón, aspirante a senador por el Partido Revolucionario Moderno y quien considera que se debería crear una comisión para enfrentar los delitos en la administración del presupuesto nacional.
 
Integrantes

Potentini cree que podrían integrar la comisión líderes de las iglesias, personas comprometidas con la institucionalidad y algún representante de Naciones Unidas.

Por su parte, De la Rosa sostiene que “lo importante de esa comisión es que no esté compuesta por comisionados nacionales sino por extranjeros; por eso se solicita a las Naciones Unidas”.
La (CICIG) fue creada el 12 de diciembre de 2006 por un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, aprobado por el Congreso el 1 de agosto de 2007.

Casos sonados

Más de una decena de casos  han sido denunciados ante la Justicia durante las gestiones peledeístas de Leonel Fernánde y el actual presidente Danilo Medina, pero la mayoría ha quedado en el archivo de los expedientes desde el Ministerio Público o en fallos de “no ha lugar” de tribunales. Otros no pasan de denuncias.

Se destacan Félix Bautista, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), quien meses atrás fue investigado por  supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsificación. A Víctor Díaz Rúa se le acusó de supuesta estafa al Estado cuando fue Ministro de Obras Públicas.

También generó descontento el desempeño de Franklin Almeyda, del Ministerio de Interior y Policía, por el presunto derroche y uso discrecional de cientos de millones de pesos.

Y se suma a la lista de escándalos el Banco Peravia, entidad que cerró por el desvío de más de tres millones de dólares.

La OISOE baila una y otra vez en las denuncias, sobre todo la que salió a relucir hace semanas sobre una supuesta mafia expuesta a raíz del suicidio del contratista arquitecto David Rodríguez en un baño de la institución.