La Fiscalía brasileña presentó ayer cargos por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, en una investigación sobre la propiedad de un apartamento en la playa que los fiscales le atribuyen y que el exgobernante niega poseer.

Se trata de la primera imputación formal contra Lula en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en la petrolera estatal Petrobras.

La acusación se extiende al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, informaron los fiscales responsables por el caso en una rueda de prensa en la ciudad de Curitiba, en donde están centradas las investigaciones sobre el gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras.

Los tres cargos presentados contra Lula y su esposa son corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales, según la acusación.

Igualmente fueron presentados cargos contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el expresidente y un ingeniero de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal.

De acuerdo con la acusación, la OAS gastó 1,1 millones de reales (unos 333,000 dólares) en reformar y amueblar un apartamento en Guarujá que sería para uso de la familia Lula, pese a que su nombre no aparece en los papeles de propiedad.

Los fiscales también acusaron a la OAS de haber pagado 1,3 millones de reales (unos 393,940 dólares) por el alquiler del depósito en el que Lula guardó entre 2011 y 2016 los regalos que recibió cuando era jefe de Estado.

De acuerdo con Fiscalía, sumados los gastos con el alquiler del depósito y las reformas del apartamento de playa, Lula recibió cerca de 2,4 millones de reales (unos 727,272 dólares) en ventajas indebidas de la OAS.

Comandante máximo

El fiscal Deltan Dallagnol señaló al político como “comandante máximo” de la red de corrupción de la petrolera estatal, que movió miles de millones de dólares.

Las acusaciones, según un comunicado de los abogados de Lula, “tienen motivación política, carecen de “respaldo jurídico” y son una “farsa”.

“No se está juzgando a Lula por quién es o quién fue como persona ni se está juzgando a su Gobierno.

Sólo se le está imputando por crímenes puntuales que pueden ser comprobados por las pruebas recogidas”, afirmó. “Tampoco se está juzgando la ideología del PT sino si la formación se involucró o no en crímenes específicos”, continuó.

Según el fiscal, los sobornos pagados por la OAS a Lula son la punta de un iceberg de una amplia red de corrupción que involucró a varias empresas estatales y organismos del Gobierno cuyos directores fueron nombrados directamente por el entonces mandatario para recaudar recursos para diferentes partidos políticos.