La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), considera como positiva la recién promulgada ley de policía, por suponer un gran avance para relanzar la institución, mejorando las condiciones de vida de sus miembros, procurando un clima de mayor institucionalidad y transparencia.

Esto su pondrá, a su vez, una mayor eficiencia en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, afirmó presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, en un comunicado.

No obstante, la entidad de sociedad civil reconoció que no es una ley perfecta y que, en lo sucesivo tendría, que ser mejorada en aspectos como las atribuciones que confiere al Poder Ejecutivo, o su relación con otros órganos del sistema de justicia en la investigación de crímenes y delitos.

Asimismo, habría que revisar la limitación en el número de plazas para oficiales generales, el aspecto disciplinario interno y las facultades del Consejo Superior Policial para crea comisiones independientes, compuestas por ciudadanos, con el fin de investigar sobre quejas por conductas inapropiadas de los miembros del cuerpo.

Potentini sugirió corregir cualquier posible viso de inconstitucionalidad que pudiera tener la ley a partir de su reglamento de aplicación, deslindando claramente el alcance de muchos temas contenidos en la ley, aunque reconoció que supera con creces la anterior, y era una necesidad urgente para iniciar los procesos de transformación de la institución del orden.

Por otra parte, favoreció la integración de las altas cortes y otros órganos constitucionales (Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral y Cámara de Cuentas), de manera equilibrada con la participación de todos los sectores, incluyendo los políticos y a la sociedad civil, sin que en modo alguno la referida selección se convierta en la repartición de un botín de guerra de los políticos y para los políticos, como ha pasado en otras oportunidades.

Entiende que no es posible marginar la clase política de un acontecimiento eminentemente político, como es la conformación de los órganos responsables del ejercicio de la democracia, siempre procurando la legitimidad que solo se logra con una selección transparente, plural y consensuada, y reiteramos también con la presencia y participación de los diversos sectores sociales.

Justicia y Transparencia sugirió que, para formar parte de los órganos constitucionales, se requiera de los candidatos una trayectoria ética y moral impoluta en todo su accionar tanto público como privado.

Asimismo, demostrar la ausencia de antecedentes penales y cuestionamientos de actos reñidos con la ley y las buenas costumbres; una sólida formación profesional y experiencia probada en el área; una personalidad equilibrada y capacidad de consenso.

También deben asumir un compromiso social y vocación democrática, y la entereza y conciencia cívica, libre de compromisos y ataduras, que una vez en el ejercicio de sus funciones le garanticen la independencia e imparcialidad.

Para Potentini, lo imprescindible seria que los políticos, los ciudadanos independientes y los miembros de sociedad civil que resulten designados para tan altas funciones, entiendan que deberán servir al país despojados del ropaje partidario y de los intereses particulares, con el exclusivo norte de aplicar la ley.