La situación que envuelve el artículo 31 sobre la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, en torno a quién puede afiliase al sistema privado o al público, ha provocado un debate, incluso cuando ya el Tribunal Constitucional de la República, en su calidad de más alta instancia del sistema judicial del país, ha emitido una sentencia que ordena a los empleados del Estado afiliarse en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), no obstante a que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) había emitido una sentencia anterior que garantiza el derecho a la libre elección.

En contra

Para José Miguel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), la sentencia del TSA adquirió el estatus de la cosa irrevocablemente juzgada y “lo que se estableció claramente en ella es el derecho fundamental de que el afiliado tiene el derecho de elegir dónde quiere recibir el servicio”.

Manifestó que la Constitución de la República establece que los dominicanos todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin distinguir si son empleados públicos o del sector privado, por lo que entiende que la sentencia del TC violenta derechos adquiridos de los afiliados y el principio de que todos somos iguales.

“La verdad es que yo no entiendo cuáles son las motivaciones para querer que los empleados públicos pasen a Senasa, pero independientemente de cuales hayan sido, pienso que el interés común está por encima del interés particular de cualquier instancia”, destacó Vargas.

Recordó que la ley 87-01 fue promulgada en el año 2001 y luego vinieron dos normas orgánicas: la Ley de Proconsumidor y la Ley de Competitividad.

“Esas leyes son orgánicas, porque requieren que el 75% de la matrícula de los congresistas que asistan a la sesión y por esa razón esas leyes tienen un rango superior a las leyes objetivas y ambas leyes consagran el principio de libre elección y la igualdad entre los dominicanos”, puntualizó el presidente de ADARS.

Expresó que las leyes Proconsumidor y Competitividad están vigentes y están por encima de cualquier disposición anterior que las contradiga. 

Acotó que esas legislaciones están por encima de la propia Ley 87-01 en lo que respecta a la parte de la libre elección y el derecho a la afiliación del empleado a estar donde él entienda que recibe los mejores servicios, siempre y cuando sea él que lo pague.

Dijo que la SISALRIL es el órgano técnico y regulador y tiene necesariamente que ponderar y analizar las consecuencias de sus iniciativas, “porque nosotros como sector, en defensa de la libre elección, que es un principio consagrado en la Ley 87-01 y también en la Constitución de la República, tenemos instancias para hacer valer ese derecho y creo que lo que manda es que la SISALRIL nos llame y hagamos reuniones y nos pongamos de acuerdo en cuanto a cuál es la forma en que se preservan los derechos adquiridos de los afiliados”.

Sin embargo, en un comunicado enviado a la redacción de Metro, la SISALRIL hizo de conocimiento público que  esta entidad aún no ha sido notificada oficialmente sobre esta sentencia.

“Tan pronto lo seamos, adoptaremos las medidas que correspondan para el cumplimiento de la Ley 87-01 en este aspecto”, señala la nota.

A favor

Por su parte, el cardiólogo y experto en seguridad social Fulgencio Severino explicó a Metro que “es un acto de irresponsabilidad del sector empresarial, y quienes han estado detrás de anular lo que dice la ley 87-01 en el artículo 31 porque eso fue parte de un acuerdo que hizo el sector salud, bajo el concepto de que como era un sistema privado de salud y de seguridad social era ilógico que el dinero del presupuesto se usara para que empresas privadas de salud, igual que de pensiones, tuvieran beneficios”.

“Como había un sector laboral muy comprometido con ese sector privado, (que eran las centrales sindicales), que defendían la privatización de la seguridad social, nosotros acordamos y pactamos con la comisión de gobierno en ese artículo 31, que todos los empleados públicos que no estuvieran en un seguro de autogestión tenían que ir al Senasa, porque era una entidad que iba a recibir recursos públicos y no era lógico que fueran a servir para beneficiar a grupos particulares”, explicó Severino.

Destacó que lo que se ha estado viviendo durante todo este período es una negación de lo mismo que se había pactado con el sector empresarial.

Factor económico

Este debate pende de un eje económico, pues lo que se prevé con hacer que todos los empleados públicos estén afiliados al Senasa es que se le inyecte una buena partida presupuestaria a esta entidad estatal, a fin de capitalizarla y de no beneficiar a empresas privadas con dinero del Estado.

Según Severino, la SISALRIL le ha impuesto al Senasa una cortapisa para que no dé mejores condiciones a los afiliados, con el objetivo de no ir marcando una diferencia entre lo que es un seguro público bien gestionado y un seguro privado gestionado con fines lucrativos, con la finalidad de que los afiliados prefieran un sistema privado antes que el público.

“Yo aspiro a que con esta inyección económica que va a tener el Senasa se aumente su capacidad financiera para cumplir con los dos objetivos básicos que se construyeron al formular la entidad, que son que se convirtiera en un seguro de referencia, además de garantizar que sus afiliados tengan mejores prestaciones y que sus afiliados tengan un pago adecuado para reducir el copago que actualmente enfrentan”, finalizó Severino.