Ayer, el parqueo de las oficinas de la Cámara de Cuentas lucía abarrotado por la cantidad de funcionarios públicos que esperaron el último día de plazo que otorgó el Gobierno para entregar sus declaraciones de bienes.

Ley para todos “Las personas que no son funcionarios también están en la obligación de hacer sus declaraciones”. Servio Tulio Castaños/ Finjus

Ley para todos “Las personas que no son funcionarios también están en la obligación de hacer sus declaraciones”. Servio Tulio Castaños/ Finjus

Y es que los funcionarios tenían hasta ayer 30 de noviembre para declarar sus patrimonios como estable la Ley 311-14,  pero muchos no lo hicieron.

Caras de cansancio y estado de inquietud mostraban los servidores públicos o aquellos a los que enviaron a depositar los documentos. Unos y otros se convirtieron en los protagonistas –o antagonistas– del día. Todo por no cumplir con lo que establece la citada norma en el artículo 5, que después de su toma de posición, los funcionarios tienen 30 días para hacer su declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal. De este modo, lo que venció ayer fue una prórroga concedida por el Gobierno Central.

En estas circunstancias de incumplimiento de la Ley, Metro conversó con el  vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus), Servio Tulio Castaños, quien expresó que las personas que no han hecho su declaración deben quedar fuera de sus cargos.

Todos en falta. “Independientemente  de que hayan hecho su declaración o no, son violadores de la Ley”. Rosalía Sosa/ PC

Todos en falta. “Independientemente  de que hayan hecho su declaración o no, son violadores de la Ley”. Rosalía Sosa/ PC

“Deberían ser sancionadas con la destitución de su cargo, puesto que la Ley establece la destitución del cargo ante esta falta”, sostuvo Castaños.

Además apuntó que “el Presidente tiene la responsabilidad de destituir a esas personas que han faltado a la Ley, así como la obligación de solicitar la intervención de Impuestos Internos para verificar que funcionarios tengan en orden sus declaraciones anuales”.

Coincidiendo con el dirigente de Finjus,  Rosalia Sosa, directiva de Participación Ciudadana (PC) entiende que las personas que hayan dejado vencer el plazo de declaración jurada tienen que ser sancionados con la destitución.

“Ninguna institución tiene el derecho de extender plazo ya que la Ley claramente establece que toda persona que no realice su declaración merece ser sancionada, y considera a estas personas como violadores de la Constitución”, manifestó Sosa.

“Todos los que están depositando hoy (ayer) son violadores de la Ley”

En referencia a la cantidad de funcionarios que faltan por entregar su declaración o que ya entregaron, Rosalia Sosa dijo no tener conocimiento del número de personas que ya cumplieron.

“Insisto: es de obligación cumplir y hacer cumplir las Leyes de la Constitución en apego a la moral y la ética y a pesar de que el Gobierno le ha tirado una toalla a esas faltas, la ciudadanía tiene que sancionar”.