Con el tiempo y el expresidente Álvaro Uribe en contra, el gobierno de Colombia y la guerrilla FARC buscaban este martes implementar con rapidez el nuevo pacto de paz que sellaron hace 10 días tras incluir propuestas de sectores opositores.

Una ola de violencia contra líderes sociales que, según el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), puede amenazar la aplicación del acuerdo era el telón de fondo de estos esfuerzos que desde el lunes mantienen en Bogotá a los miembros de la cúpula guerrillera.

Los asesinatos y amenazas contra líderes comunales completan la tríada principal de obstáculos en el camino para acabar con el conflicto armado de más de medio siglo, luego de que el actual senador Uribe rechazara definitivamente el lunes el nuevo pacto, tras días de suspenso.

Santos presidió ayer una reunión de alto nivel, con miembros de su gobierno y organismos de derechos humanos, para evaluar la situación de seguridad y aseguró que no va “a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y esperanzas de la paz”.

“Estos hechos son una evidencia palpable, dramática, de los riesgos que la incertidumbre nos trae frente a la implementación de los acuerdos de paz”, dijo.

También pidió “acelerar” la aplicación del pacto de paz especialmente en zonas donde, según la guerrilla, solo en los últimos tres días han sido asesinados tres líderes comunales y otros dos han sufrido atentados.