El juicio de destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff podría concluir en julio, varios días antes de lo previsto y justo antes de los Juegos Olímpicos, si prospera una inicitativa apoyada por el gobierno interino de Michel Temer.

Senadores de la base aliada de Temer propusieron ayer  abreviar algunos plazos del proceso, lo que colocaría la resolución del “impeachment” justo antes de los Juegos que serán inaugurados el 5 de agosto en Rio de Janeiro.

Tras no llegar a un acuerdo sobre el cronograma definitivo, los legisladores solicitaron a la Corte Suprema que se expida sobre si es posible acortar los plazos.

Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo y está siendo juzgada por el Senado por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014, año de su reelección, y a inicios de 2015.

“A nosotros, el gobierno de Temer, nos interesa que [el proceso sea resuelto lo más brevemente posible, obedeciendo las reglas fijadas por el Tribunal Federal Supremo”, dijo ayer Eliseu Padilha, jefe de gabinete de Temer.

El proceso se abrió en diciembre de 2015 y tras recorrer un largo camino por ambas cámaras del Congreso, se encuentra en la fase de instrucción: recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado, que es asesorada por el presidente de la Corte suprema.

Luego, ese cuerpo legislativo dará una recomendación al plenario de 81 senadores, donde deberá cosechar al menos 41 votos (mayoría simple) para avanzar. De aprobarse un parecer en favor de la continuidad del proceso, en diez días deberá agendarse la fecha del “juicio final”, una votación que determinará si la mandataria es destituida definitivamente de su cargo, para lo que necesita una mayoría especial de 54 votos (dos tercios), o el caso es archivado.

El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, reiteró el jueves que considera al proceso “una gran farsa” y un “golpe” contra la democracia.

La semana pasada se filtraron grabaciones secretas que sugieren que el juicio político fue un intento de frenar investigaciones del mega escándalo de corrupción en la estatal Petrobras que golpeó de lleno tanto al partido de Rousseff como al de Temer, que la sucedió.

“Hay que resolver esa mierda. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría”, afirmó en las grabaciones el exministro de Planificación Romero Jucá, que debió renunciar tras revelarse el audio.
Esta semana, el ministro de Transparencia, Fabiano Silvera, también cayó tras otro diálogo filtrado en el que critica la investigación de la corrupción en Petrobras.

La defensa de Dilma Rousseff solicitó a la comisión del Senado incluir las grabaciones entre las pruebas a ser analizadas, pero el senador Antonio Anastasia –encargado de elaborar el informe final y favorable al “impeachment”– rechazó el pedido por considerar que son hechos “ajenos al objeto del proceso”.