Es mucho lo que en República Dominicana se habla de la necesidad de inclusión social de las personas con discapacidad, que de acuerdo con informaciones del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conadis) constituyen el 10% de la población.

Por el tamaño de este segmento, en el Plan Decenal de Educación 2008-2018 se habla de la necesidad de tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Explica que una gran parte de la población en edad escolar con algún tipo de discapacidad se halla excluida del derecho a la Educación.

“Sin embargo, los centros públicos de educación especial cuentan con un 50% de la población, atendida inadecuadamente desde centros regulares, en función de dificultades de aprendizaje, y no asociadas a discapacidad”, agrega el documento que ofrece otros detalles sobre los niveles de inclusión social de esta población hasta 2008, un año antes de que el país ratificara la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Al asumir este convenio que exige a los gobiernos de todo el mundo promover y defender a las personas con discapacidad, el Estado dominicano se comprometió, entre otras acciones, a proteger de la discriminación a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y a fomentar su inclusión.

¿Qué es una persona con discapacidad?

Según la convención, “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

En su artículo 7, indica los estados deberán tomar las medidas necesarias para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. Insiste en que una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.

Mientras que en su artículo 8 es aún más precisa y dicta que se debe fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Lograr la inclusión escolar La convención no solo se refiere a este tipo de medidas, sino que trata de garantizar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para lograrlo, los gobiernos deben adoptar medidas les aseguren  el acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a los servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, en zonas urbanas como rurales.

“Alrededor del 48% de las escuelas públicas de República Dominicana tienen en sus aulas estudiantes con discapacidad”, manifiesta Cristina Amiama, directora del Departamento de Educación Especial del Minerd.

Amiama explica que estos datos fueron obtenidos luego de que, en 2013, el ministerio realizara un levantamiento en el 87% de las escuelas públicas del país. El estudio evidenció que el 59% de estos centros educativos no incorpora estrategias pedagógicas ajustadas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes con discapacidad.

Para explicarlo mejor se puede hacer el símil con los planteamientos de Pozo y Monereo (2001), quienes en el texto ¿En qué siglo vive la escuela? plantean que en la escuela se enseñan contenidos del siglo XIX, con profesores del siglo XX, a alumnos del siglo XXI, premisa confirmada por otra de las revelaciones hechas por Amiama al citar los resultados del levantamiento hecho por el Minerd en 2013.

La directora de Educación Especial afirma que los resultados del levantamiento establecieron que el 64% de las escuelas públicas no dispone de personal especializado para lograr el aprendizaje y la permanencia escolar de los estudiantes con discapacidad.

Dice que desde el Estado se trabaja para lograr la inclusión y permanencia de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el sistema escolar. Sin embargo, ante la pregunta de cuántos niños, niñas y adolescentes están en esta condición la respuesta es solo el silencio.

Al parecer existe la iniciativa de lograr que las escuelas sean más inclusivas, pero no se tiene claro para qué cantidad de personas serán diseñadas las estrategias.

Esto mueve a pensar que desde sus orígenes hay fallas estructurales en el diseño de este proyecto, tomando en cuenta que no se ha verificado cuál será su impacto y cuáles son las necesidades reales de esta población que aunque está necesitada de ayuda, más necesitada está de ser incluida correctamente, ya que como bien establece la convención las personas con discapacidad contempla a aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo.

No obstante, las autoridades, con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), busca fortalecer las capacidades en el sistema educativo y particularmente de las escuelas, con el propósito de que se realicen los ajustes necesarios para la inclusión educativa.

De acuerdo con Amiama, este proceso implica ajustes a las estrategias pedagógicas, la disposición de recursos para el aprendizaje, (tanto humanos como tecnológicos), formación docente y el diseño accesible en la infraestructura.

Este último aspecto tomado en cuenta en la construcción de nuevas edificaciones educativas, a partir de la implementación de la tanda extendida y la llamada “revolución educativa” que para lograr cambios importantes en el país deberá comenzar con incluir a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que desean cursar programas educativos.

¿Cuál es la propuesta?

Desde el Minerd, junto a Unicef, se trabaja para que los menores de edad con discapacidad puedan integrarse de manera total al sistema educativo nacional, sin tener que acudir a escuelas especiales.

Para esto, habilitan los recintos educativos y ya han iniciado un ciclo de formación dirigido a maestros y maestras, impartido por docentes del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam). Con este paso de avance, el Estado cumple con el literal C del artículo 9 de la convención que invita a los gobiernos a ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad.

La idea es incorporar a los y las estudiantes con discapacidad a las aulas regulares y convertir las escuelas especiales en centros de apoyo del sistema educativo nacional. Sin embargo, esa no es una tarea fácil y requiere del concurso de todos los actores sociales.

Así lo explica Rosa Elcarte, representante de Unicef en República Dominicana, quien manifiesta que el proceso de inclusión es largo y para su éxito se necesita un cambio cultural.

“Cuando los niños y niñas con discapacidades y sin discapacidades puedan estudiar juntos y jugar juntos sentaremos la base de una sociedad más inclusiva”, destaca Elcarte, quien confía plenamente en que este proceso será exitoso, sobre todo porque desde Unicef se trabaja en un informe, realizado por Paulina y Rossana Godoy, expertas chilenas que vivieron al país para realizar una investigación en las escuelas públicas, para evaluar el nivel de inclusión a las personas con discapacidad. Paulina resalta que han tenido contacto con maestros y maestras de escuelas de distintos puntos del país y han observado que están dispuestos a integrarse al proceso.

La intención no basta

Empero, esa disposición no es suficiente para lograr la producción de conocimiento en las aulas cuando los y las estudiantes no se sienten incluidos a plenitud. La inclusión no solo tiene que ver con que el niño, niña o adolescente sea aceptado como alumno.

La convención ratificada por el país busca erradicar  esa exclusión que sufren los niños, niñas y adolescentes por ser “discapacitados”, porque en muchos casos son rechazados en escuelas y colegios, instituciones que para mantener “protegidos” a los demás alumnos y alumnas que amparados en el prejuicio de algunos padres y madres que creen que la discapacidad es contagiosa y hasta denigrante, optan por impedir la inscripción de quienes forman parte de esta población, por mucho tiempo marginada.

La ordenanza 195, emitida por el Consejo Nacional de Educación  en el año escolar 1995-1996, todavía no ha podido ser implementada a capacidad. La mayoría de los centros educativos, incluidos los maestros y maestras, no están preparados para atender las necesidades de los y las estudiantes con discapacidad.

Es difícil encontrar un o una docente que sepa lengua de señas, por ejemplo, por lo que se hace casi imposible que pueda educar a estudiantes sordomudos.

Esta situación hace necesario que los padres y madres tengan que inscribir a sus vástagos en centros educativos para niños, niñas y adolescentes con esta condición.

En muchos casos, no por excluirlos del sistema educativo regular, sino para garantizarles una educación integral, la cual buscan concretizar el Minerd y Unicef que a través de esta alianza estratégica lograrán que los niños, niñas y adolescentes puedan ser parte de una escuela, donde además de producir conocimiento, se logre la inclusión social que tanto necesitan los niños, niñas y adolescentes con discapacidad de República Dominicana.