Los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, con base en el artículo 128 de la Constitución, el Presidente de la República puede conceder indultos a quienes después de ser condenados, hayan cumplido la  mitad de la pena y que presenten problemas de salud o hayan mostrado un buen comportamiento.

Hace seis años que en el país no se otorga un perdón presidencial. El último se realizó en diciembre de 2009, cuando el entonces presidente Leonel Fernández indultó a dos francesas que habían sido condenadas en el país, en 2008, acusadas de tráfico de drogas, además de dos dominicanos y un ciudadano estadounidense.

La gestión de Danilo Medida se ha caracterizado por múltiples particularidades, una de ellas es la que ha adoptado junto al procurador general, Francisco Domínguez Brito, acerca de no conceder indultos durante su período.

Este 23 de diciembre, el Poder Ejecutivo no concederá el “acostumbrado perdón”, como tampoco se ha otorgado a ningún privado de libertad en los años 2012, 2013 y 2014, bajo la gestión de Medina.

El año pasado, Domínguez Brito anunció que para las festividades navideñas no se concederían perdones y en esa ocasión lo justificó diciendo que el Código Procesal Penal establece los procedimientos para que cualquier recluso, en las condiciones que justifican salir de la cárcel antes de terminar la condena, pueda solicitarlo ante el juez de Ejecución de la Pena.

Indultos históricos

En los gobiernos anteriores, la tendencia de conceder perdón era muy marcada, sobre todo en las festividades navideñas.

Durante el segundo año de mandato del presidente Hipólito Mejía se indultaron alrededor del 161 internos de las diferentes cárceles del país.

En 2004, el procurador general, Víctor Céspedes Martínez propuso al presidente Mejía el indulto a condenados, el cual tenía previsto hacerse para el 16 de agosto de ese año, pero fue rechazado por el entonces representante del Poder Ejecutivo dominicano, por detectar supuestas irregularidades en la petición.

Alrededor de 2,099 prisioneros fueron perdonados, a lo largo de sus cuatro años de gobierno.

En 2006, un informe de la Procuraduría establecía al menos 203 de los 2,099 perdonados en la gestión de Mejía habían vuelto a delinquir, con acciones como robos, violaciones, atracos, narcotráfico y otras.

Ya los escándalos en torno a los indultos masivos, principalmente en la gestión del procurador Víctor Céspedes (2002-2004), habían provocado que se exigiera un mayor control en los mecanismos de selección.

Las absoluciones perdones presidenciales concedidos durante las gestiones de Leonel Fernández estuvieron marcados por un corte más político, aún cuando el aspecto humanitario estuviera entre las motivaciones, lo cual no fue muy bien visto por muchos sectores.

El caso más sonado fue el acaecido el lunes 22 de diciembre de 2008, cuando Fernández Reyna, mediante el decreto 847-08, indultó a la exfuncionaria del quebrado Banco Intercontinental (Baninter), Vivian Lubrano de Castillo, así como a Pedro Franco Badía, Casimiro Antonio Marte Familia (Antonio Marte), Milcíades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, condenados por el fraude cometido mediante el Plan de Renovación Vehicular, mejor conocido como Plan Renove, de la gestión 2000-2004.

Para el 27 de febrero de 2009, el entonces procurador general de la República, Radhamés Jimémez Peña, no recomendó a nadie para ser indultado por el Poder Ejecutivo; no obstante, en diciembre de ese mismo año el presidente Fernández perdonó a las francesas Sarah Zaknoun y Céline Faye, de 19 y 20 años, respectivamente, además de dos dominicanos y un estadounidense.