Luego de que hace tres días se destapó la noticia de un contrato “fantasma” que adquirió el Estado dominicano con una empresa denominada Pinegy Comercial Group, para la instalación de una tercera planta  de carbón en Punta Catalina y así generar 600 megavatios,  Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), afirmó, mediante una nota de prensa y declaraciones en un programa radial, que el contrato con dicha compañía existió, pero fue anulado en mayo de 2015.

Indicó que la anulación del contrato se produjo a través de una comunicación enviada, mediante notificación de alguacil, a la empresa privada, el pasado 27 de mayo de 2015. De manera que cesó hace sólo ocho meses.

En torno a este tema, que está causando desconcierto en la sociedad dominicana, el vicepresidente ejecutivo, entrevistado en el programa radial El Gobierno de la Mañana, indicó que, “ese contrato no está vigente” desde hace varios meses. El proyecto implicaba que la compañía construiría la generadora y el Gobierno se comprometía a comprar los megavatios producidos.

Jiménez Bichara declaró que entre las razones por las que el Gobierno canceló el contrato cuenta que “si el  sistema eléctrico nacional le coloca una planta de 600 megas, el riesgo de un blackout es muy alto por el peso relativo de la planta en nuestro sistema eléctrico”.

Dijo que vista esta posibilidad, “sencillamente se procedió a comunicarles a ellos que todo eso quedaba sin efecto y todo eso se hizo desde el año pasado. Eso es justamente lo único que sucedió, se canceló todo el año pasado en virtud del curso y de la imposibilidad de desarrollar el proyecto”.

El funcionario indicó que “se detectó que nuestro sistema  eléctrico no soporta una planta de 600 megavatios. Pero son estudios que se hicieron en paralelo, porque es una oferta que no se había hecho nunca”.

Lo defiende

No obstante, el funcionario ponderó las que consideró las bondades del convenio y la participación del gobierno de Canadá en las negociaciones. “Lo primero es que previo a eso, hay un acuerdo de cooperación que firma la CDEEE con el embajador de Canadá, eso es un proyecto que fue avalado por la (CCC), Corporación Comercial Canadiense, es una institución estatal del gobierno de Canadá y la propia embajada de Canadá, o sea, que ofrece al Gobierno dominicano un proyecto de generación”.

Opinó, además, que la propuesta de la compañía Pinegy Comercial Group constituía una alternativa al proyectado déficit de oferta energética con “fuentes de combustibles eficientes, de bajo costo y alto grado de confiabilidad”.

“Todo esto tiene una secuencia lógica y transparente y por supuesto, un proyecto que en su concesión original es un proyecto de Estado a Estado”

“Incumplimientos”

Por otra vía, en un comunicado emitido por la CDEEE, el Gobierno del presidente Danilo Medina expuso otras razones para rescindir el acuerdo de construir una planta de carbón en el mismo lugar donde se levantan las dos de Punta Catalina.

La CDEEE sostiene que a pesar de haber transcurrido 19 meses de los primeros acuerdos, y más de un año del acuerdo de potencia, pesaban “relevantes incumplimientos” a las obligaciones asumidas por ambas partes. Agrega también “la imposibilidad de la empresa privada de materializar la penalidad prevista, ante la ausencia de contratos de compra de la planta y de financiamiento con algún banco de primera línea”.

Gobierno satisfecho

Rubén Jiménez Bichara se mostró satisfecho con el proyecto de las dos plantas de carbón de Punta Catalina. “Nosotros estábamos conscientes de que ese es un proyecto que iba a despertar muchos intereses y tratando de detenerlo y  gracias a Dios a la comprensión y respaldo de personas conscientes  y a ustedes mismos, hemos podido salvar cada situación que se presenta”, dijo a los comentaristas del Gobierno de la Mañana.

“Ya los desembolsos se iniciaron y los organismos internacionales, un pool de bancos europeos encabezado, por el Dutch Bank de Alemania, han hecho los primeros desembolsos. Nosotros estamos comprometidos con los mejores intereses y esa es nuestra meta y nuestra responsabilidad delegada por el presidente de la Republica”.

La reacción

La noticia de que el gobierno de Medina y la citada empresa habían firmado un contrato sin licitación y sin anunciarlo a la ciudadanía generó la indignación de diversos sectores de sociedad civil y de la oposición política.

La Fundación Prensa y Derecho advirtió ayer que el denominado “contrato oculto” no cumple con el trámite preceptivo de someter a concurso la obra y someterlo al Congreso, como ordenan los artículos 93 y 128 la Constitución.

El presidente de la entidad, Namphi Rodríguez, aseguró que ese procedimiento puede generar consecuencias imprevisibles porque contiene cláusulas lesivas a los intereses del país, como las que disponían que el Estado debía adquirir las plantas si no resultaban rentables para los inversionistas.

De igual forma, el diputado por la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Catillo Semán, posteó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que comparaba las implicaciones de esta operación con el escándalo de la compañía Sun Land, beneficiada con la emisión de pagareses por 130 millones de dólares durante la gestión del también peledeísta Leonel Fernández. ¿“Entonces, se descubrió otro Sun Land de Danilo? Sin ir al Congreso?”.