El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc), el Instituto de Abogados para la Protección de Medio Ambiente (Insaproma) y las organizaciones sociales y comunitarias de la provincia Peravia y de otras localidades del país, interpusieron un recurso de amparo ambiental contra la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina.

A su vez, expresaron su esperanza de que el Tribunal Superior Administrativo proteja a la población de la provincia Peravia, especialmente de Catalina, Paya y de la ciudad de Baní, de la contaminación que producirán las plantas de carbón que se construyen en Punta Catalina.

Explicaron que presentaron el recurso ante ese tribunal, basados en el artículo 66 de la Constitución de la República que establece el derecho de la población a la salud y a un medio ambiente sano que está amenazado por la gran contaminación que producirán estas plantas.

“Los jueces tienen el deber de proteger a los habitantes de las comunidades aledañas a las plantas de carbón de los efectos de 174 mil toneladas de cenizas y de 14,000 toneladas de escorias al año que producirán estas plantas como residuos de la quema del carbón mineral, de 30 toneladas de dióxido de nitrógeno y de 30 toneladas de dióxido de azufre que serán arrojadas cada día a la atmósfera, además de numerosas micropartículas de metales pesados”, plantearon.

Señalaron que estas substancias tóxicas provocarán en la zona una “catástrofe sanitaria y ambiental, causando enfermedades respiratorias, especialmente en niños y en adultos mayores, padecimientos cardiovasculares, cerebrovasculares y cánceres pulmonares y de la piel, y graves daños a la agropecuaria de la zona”.

Aclararon que este “desastre ambiental y sanitario se duplicaría si se llegara a instalar la tercera planta que fuera autorizada mediante acuerdo secreto suscrito por el Gobierno con la empresa Pinegy Comercial Group, recientemente revelado ante la opinión pública.

Esta planta generará 600 megavatios, solo 120 megavatios menos que las dos plantas que construye el consorcio Odebrecht-Tecminont-Estrella”. Igualmente, indicaron que el tribunal está en la obligación de proteger a todo el pueblo dominicano del incremento de la vulnerabilidad del país que causarán los 5 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidos al año por las plantas de carbón de Punta Catalina que aumentará la huella de carbono de la República Dominicana en por lo menos un 20%.

“Al aumentar la cantidad de dióxido de carbono arrojada a la atmósfera, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, se estará contribuyendo mediante una causa totalmente prevenible como es la construcción de las plantas de carbón en Punta Catalina, a incrementar el calentamiento global y sus graves efectos, siendo el país uno de los diez del planeta más vulnerables a éstos”, argumentaron.