Los supuestos delitos en los que se han visto envueltos funcionarios públicos han llevado al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, a que ayer enviara un informe a los miembros de Consejo del Poder Judicial comunicando la apertura de una “investigación de acción penal pública contra jueces y exjueces del Poder Judicial por hechos de transgresión”.

Entre los investigados destacan Francisco Alberto Arias Valera, Awilda Inés Reyes Beltré, José Dionicio Duvergé Mejía, Delio Antonio Germán Figueroa, Roso Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.

El comunicado indica: “La investigación a que nos referimos se vislumbra de gran relevancia, pues tras un año de pesquisas preliminares, se ha podido determinar de modo indiciario que coexiste una estructura a lo interno del Poder Judicial, conformada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares, que se dedica a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente, en las áreas de narcotráfico, lavado de activos y corrupción”.

Esta estructura estaba dirigida, según el Ministerio Público, por Francisco Alberto Valera Arias, quien renunció la pasada semana, extitular del Consejo del Poder Judicial, ex Juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo.

Otra que figura y que se ha mantenido como tema principal al momento de hablar de presunta corrupción y de impunidad es Awilda Inés Reyes Beltré, jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, quien en marzo de este año favoreció a cuatro pilotos venezolanos que habían arribado al país e intentaron, junto a dos técnicos dominicanos, llevarse la aeronave. El grupo fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Isabela Dr. Joaquín Balaguer (El Higüero) por miembros del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).

Sobre este caso, el documento enviado al presidente de la Suprema Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, sostiene que la jueza de la Oficina de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo les dictó a los involucrados como medida de coerción tres meses de prisión preventiva. Pese a ello, y a que el señor José Bacile Bacile reconoció que él fue quien envió e instruyó a los pilotos y técnicos para sacar del país la aeronave, la magistrada Awilda Inés Reyes Beltré dispuso a su favor la devolución del avión, según resalta la misiva.

El documento también destaca que en fecha 20 del mes de junio del año 2013, el exmagistrado José Ygnacio Medrano Quéliz denunció mediante comunicación dirigida al presidente y demás miembros del Consejo del Poder Judicial, entre otras cosas, que el consejero Francisco Alberto Arias Valera lo propuso como juez del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal sin su conocimiento, a condición de que resolviera algunos casos de manera satisfactoria a los intereses de Arias Valera.

“Estos jueces supuestamente en el conocimiento y fallo de varios casos han incurrido en graves irregularidades e incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”, puntualizó el procurador.