El director de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, informó ayer que la institución investiga a un grupo de candidatos a cargos congresionales y municipales, para comprobar si reciben financiación del narcotráfico y el crimen organizado.

Miranda Villalona reveló que esa unidad evalúa las informaciones que tiene sobre el tema y que una vez terminen las pesquisas, notificará al órgano correspondiente. “Nuestra responsabilidad es denunciarlos para que la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos tomen cartas en el asunto”.

En caso de que las investigaciones demuestren irregularidades, la Procuraduría Antilavado presentará un informe a la JCE y a los partidos antes del 15 de mayo para que tomen las debidas precauciones, ya que “ningún candidato financiado por el dinero del crimen organizado puede ser un representante digno del pueblo.”

“Hasta ahora, estamos dominando una lista de entre 10 y 20 candidatos a cargos congresuales y municipales, a quienes estamos depurando para ver si procede, porque nos han llegado unas informaciones y en nuestra base de datos tenemos los nombres y los afiches”, afirmó Miranda Villalona, quien no facilitó la identidad de los investigados.

Además, señaló que algunos de los políticos que están investigando han sido deportados y condenados por delitos diversos y que algunos pasan desapercibidos porque son candidatos de provincias lejanas.

Dado que no se ha aprobado la Ley de Partidos Políticos, que es el mecanismo que serviría para controlar las fuentes ilícitas que entran en las organizaciones políticas, el responsable de la entidad antilavado opinó que la JCE debe ejercer un mayor control sobre los aspirantes a cargos públicos.

Al no existir esa legislación, a su juicio, existe un alto riesgo de penetración de dinero sucio en la campaña política, circunstancia que debería preocupar a las directivas de los partidos políticos y llevarlos tener mayor supervisión de sus candidatos que aspiran a ocupar posiciones públicas.