El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó el comienzo formal de la investigación criminal en torno a los jueces Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa y José Dionisio Duvergé Mejía, destituidos por el Poder Judicial.   

A los ahora investigados por el Ministerio Público el Consejo del Poder Judicial los procesó y los halló culpables de violar varios artículos de los códigos de Ética del Poder Judicial e Iberoamericano de Ética Judicial. Domínguez Brito anunció, además, que apoderó de este caso a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por la magistrada Laura Guerrero Pelletier.

Aseguró que el Ministerio Público inició los procedimientos necesarios que permitirán, en el menor tiempo posible, concluir la investigación criminal y presentar acusación formal contra los jue ces destituidos y garantizó que llegarán hasta las últimas consecuencias y que pedirá las sanciones penales acorde con los delitos cometidos.

El máximo representante del Ministerio Público valoró como positiva la decisión del Consejo del Poder Judicial que destituye a los exjueces, luego de un juicio disciplinario. “Ha sido una decisión oportuna, se marca un paso de avance muy importante contra la impunidad y la indiferencia en los casos de corrupción, es una respuesta muy acertada dentro de los esfuerzos que estamos llevando a cabo para garantizar una mejor administración de justicia”.

“Negocio de sentencias”

Recordó que estos jueces fueron investigados tras una solicitud que él mismo hiciera meses atrás al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, con “pruebas fehacientes de que los exjueces conformaban una red que manejaba toda una mafia que se dedicaba a negociar sentencias para favorecer a imputados acusados de delitos graves, muy específicamente, relacionados con casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos”.

El procurador general destacó que la mayoría de las sentencias dictadas por los jueces destituidos han sido apeladas por el Ministerio Público, muchas han sido revocadas, y dijo esperar que todas corran la misma suerte. “Ha sido relevante y tras cendental que el presidente de la SCJ, y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, haya asumido personalmente la dirección de la investigación en este caso, atendiendo nuestro requerimiento”, expresó, para resaltar que Mejía ha asumido con responsabilidad el desmonte de ese entramado criminal. “Llegaremos hasta donde tengamos que llegar, hasta donde nos permitan llegar las evidencias en nuestro poder y las que se puedan conseguir en el transcurso de esta investigación criminal”, manifestó Domínguez Brito.

Cómo operaban

Estos tres jueces, destituidos recientemente, forman parte de grupo de seis magistrados acusados en noviembre de 2015 por el Ministerio Público de incurrir en faltas graves, todas a favor del narcotráfico, corrupción y el lavado de activos.

Víctor Mejía Lebrón fue acusado de dictar auto de no ha lugar a favor del alcalde del Ayuntamiento Municipal de Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, y otras tres personas que fueron acusadas de un desfalco de 400 millones de pesos, por considerar que no existen pruebas suficientes en su contra. Rosó Vallejo Espinosa votó para que fuera modificada la medida de prisión preventiva por una garantía económica a favor de José Martín Cortorreal Ramírez, detenido cuando llevaba en el interior de su estómago “sustancias prohibidas”.

José Duvergé Mejía está acusado, entre otras cosas, de optar por las garantías económicas y evitar las medidas de prisión preventiva en contra de extranjeros y nacionales vinculados al narcotráfico. Los jueces restantes son Awilda Reyes y Francisco Arias Valera, quienes guardan prisión domicialiaria tras ser acusados de negociar libertades de personas ligadas al narcotráfico; y Delio Germán Figueroa, quien siguió el mismo patrón que los demás exjueces, según la Procuraduría.