El exjuez Francisco Arias Valera y la suspendida jueza Awilda Reyes, acusados de supuesta irregularidades en el ejercicio de sus funciones, aseguraron hoy, previo al conocimiento de la medida de coerción en su contra, que demostrarán su inocencia en los tribunales y no se irán del país.

"Ni las condenas, ni las pruebas, harán que nos sustraigamos del proceso, así nos diga la Fiscalía que nos va a matar a pedradas o que nos va a poner en una horca", aseguró Reyes a su llegada al Palacio de Justicia, donde hoy se conocerá la medida.

Insistió en que no se sustraerá del proceso en su contra, sino, todo lo contrario: "vamos con responsabilidad a defendernos y a responder todas y cada una de las imputaciones que se nos han hecho".

Por su lado, Valera dijo que la Fiscalía "no tiene ningún tipo de pruebas" que le vinculen con las imputaciones en su contra.

A la vez, al igual que Reyes, aseguró que "nunca" se irá de la República Dominicana y que demostrará su inocencia.

"Estamos preparados", afirmó Arias Valera, quien renunció como miembro del Consejo del Poder Judicial.

Antes de la llegada de los dos imputados, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, consideró hoy que "procede" la prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de ambos.

Momentos antes de que se conozca la medida de coerción en la Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, la fiscal dijo que "evidentemente procede" dictar prisión contra los imputados.

Asimismo, pidió que en este caso "se aplique la Justicia".

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó ayer medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en contra de Reyes y Arias Valera.

El mes pasado el Consejo del Poder Judicial dispuso la suspensión sin disfrute de salario y remisión a juicio disciplinario de los magistrados José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, Awilda Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa.

Sobre estos jueces se ciernen acusaciones de supuestas faltas graves en sus funciones como responsables de impartir justicia.

El procurador general, Francisco Domínguez Brito, denunció por ante el Consejo del Poder Judicial que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

El alto cargo sostuvo que Arias Valera es mencionado como la persona que supuestamente contactó e influyó, a cambio de alegadas altas sumas de dinero, para que la jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, emitiera varias decisiones, entre ellas la sentencia de hábeas corpus, mediante la cual ordena la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís (Ney), acusado de ser el autor intelectual de varios asesinatos.