Conservadora, liberal, garantista, retrógrada, avanzada. Muchos son los adjetivos con los que, desde distintos ángulos, algunos especialistas describen la Constitución dominicana; lo cierto es que ayer esta Ley de leyes cumplió 172 años desde aquel 6 de noviembre de 1844, cuando surgió en San Cristóbal para consolidar la naciente República Dominicana.

Pero, ¿qué Constitución tienen los dominicanos? La de 2010, con una reforma hecha en 2015 para –únicamente– introducir la reelección presidencial. Esta versión vigente genera múltiples lecturas, a la vista del historiador Filiberto Cruz, el experto en comunicación política José Carlos Nazario, la activista de sociedad civil Rosalía Sosa y el jurista Nassef Perdomo.

Para Cruz, una de las palabras que más describen la actual Carta Magna es “leonelista”. A su juicio, esa proclamación del 26 de enero de 2010 (en el tercer gobierno de Leonel Fernández -de 2008 a 2012-),  es un documento sin la base del consenso nacional.

“Es una Constitución que bien refleja el pensamiento político del presidente Leonel Fernández”. Es decir, “es una Constitución leonelista, pero no es la Constitución que los ciudadanos dominicanos nos merecemos de cara al Siglo XXI. Por tanto, entiende que debe ser revisada y consensuada con historiadores, abogados, politólogos, economistas, empresarios y políticos, para hacerla “de consenso nacional”.

“Leonelista”

“Es una constitución que bien refleja el pensamiento político del presidente Leonel Fernández”. Filiberto Cruz, historiador.
 

Aunque este catedrático, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reconoce aspectos avanzados, como la creación de nuevas instituciones y figuras desconocidas en el Estado dominicano, hace énfasis en que se dejaron muchas puertas abiertas a asuntos que generan retraso en el país. Uno de ellos es la reelección presidencial.

“La reelección presidencial aunque fue aparentemente prohibida (en el año 2010), dejó una especie de escape u orificio por donde se podía pasar. Finalmente fue aprobada cuando Danilo Medina quiso reelegirse; fue maltratada y humillada”, asegura.

Cruz se refiere al artículo 124, que en el año 2010 decía: “El Poder Ejecutivo se ejerce por el o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente”.

Ya el 13 de junio de 2015 (gaceta oficial 10561), cuando Medina estaba en su tercer año de gobierno, las líneas de este artículo quedaron desplazadas por una frase más larga que cambiaría el sendero de la política dominicana. “El Presidente o la Presidenta de la República podrán optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

La Constitución nacional ya ha sido modificada 40 veces; en más de 30 ocasiones el cambio se ha relacionado con la reelección presidencial.

Aspectos positivos y negativos

“Hay algunas materias en las que nos quedamos bien cortos, sin embargo, la Constitución permite que el Estado sea lo que debería ser”. José Carlos Nazario, estratega en comunicación, política y asuntos públicos.

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El poder que, según diversos sectores, tiene la Iglesia católica también entró en juego en la elaboración de este documento.  

En declaraciones a Metro, Cruz recalca que la Constitución vigente es retrógrada en muchos aspectos. “Por ejemplo, no le da libertad a la mujer embarazada por un delincuente, de deshacerse de esa situación que se le presenta en la vida. No preserva la vida de las mujeres y le confiere tanto poder a la Iglesia católica dominicana que es la que lleva la voz cantante en este tema y por eso ha tenido de frente a grupos feministas”, expresa.

Con esta afirmación coincide el estratega en comunicación, política y asuntos públicos, José Carlos Nazario, quien plantea su opinión, primero, desde su condición de ciudadano.

El aborto y la descripción de la familia son cuestiones que considera deberían repensarse al margen de las presiones de la iglesia. Fruto de esa influencia, asegura, la Ley de leyes impone un tipo de familia -la nuclear-, que es “una ficción”, porque dista de la realidad dominicana.

Un problema de aplicación

“Ninguna norma es buena o mala; son sus operadores los que a la hora de aplicarla la hacen buena o mala”. Rosalía Sosa, Participación Ciudadana.

“Porque en República Dominicana la mayoría de las familias son o monoparentales o familias no tradicionales- no tiene sentido definirla así como está en la Constitución”, puntualiza.

Nazario considera además que aunque “hay algunas materias en las que nos quedamos bien cortos”, la Carta Magna actual “permite en cualquier sentido que el Estado sea lo que debería ser”.

“Hay otros enfoques, como derechos fundamentales, seguridad, que deberían ser vistos desde otro lugar (…) pero en sentido general la Constitución funge su rol, que es delimitar el poder para que las personas tengan mayor libertad y mayor capacidad de realizarse”, concluye.

Uno de los grandes defensores de este artículo de la Constitución es Pelegrín Castillo. Mientras fue candidato a la presidencia en las elecciones de mayo, siempre se mostró claro ante este tema. Entendía que un embarazo no deseado a veces se convierte en un drama humano, pero pensaba que la solución nunca será interrumpir un embarazo. Propuso casas de acogida y de protección para las mujeres con riesgos durante su embarazo. También pensaba en una política clara de adopción nacional e internacional, que “en la actualidad es muy restrictiva”.

“Lo que falta es voluntad”

Rosalía Sosa, directiva del movimiento cívico Participación Ciudadana, cree que “ninguna norma es buena o mala; son sus operadores los que a la hora de aplicarla la hacen buena o mala”. Considera que más allá de una carencia en el contenido, lo que falta es voluntad para dar total cumplimiento a la Constitución.

“Tenemos un Tribunal Constitucional (TC) y sus decisiones y sus mandatos (redacción de protocolos, pago de astreinte, resarcimiento del derecho conculcado…) no se cumplen. Las propias instituciones del Estado involucradas en el conflicto constitucional desconocen que sobre ellas hay una decisión, por ello el TC tuvo que crear una oficina de seguimiento. La instrumentalización de la Constitución por los malos políticos dominicanos es para aprobar o no la reelección presidencial, ese ha sido su gran móvil; y no promover su respeto y su desarrollo”, cuestiona.

La Constitución manda en su artículo 63, numeral 13: “Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica”.  Sosa pregunta: “¿Se cumple?”.

Participación del pueblo

“Hace falta que se reivindique la condición de soberano que tiene el pueblo; que pueda definir el contenido de la Constitución”. Nassef Perdomo, jurista.
 

“¿Cuántas leyes están pendientes de adecuación de la Constitución de 2010? No hablemos de los derechos que el Estado tiene que tutelar. Derecho de los envejecientes, de la mujer, de los discapacitados.  Nuestra Constitución manda un Estado social y democrático de Derecho, un Estado prestacional, no rentista ni clientelar, preocupado por la dignidad de las personas y no usar la dignidad como instrumento para beneficio de una persona o partido político”, subraya.  

Una deuda con el pueblo

Nassef Perdomo, abogado constitucionalista, considera que “en el papel la Constitución dominicana cumple con todos los requisitos para ser considerada progresista en lo social, democrática en lo político y equilibrada en lo económico. Sobre todo a partir de la reforma constitucional de 2010”. Sin embargo, entiende que aún hay una deuda por saldar; una deuda con el pueblo: la Asamblea Constituyente elegida por voto popular.

“Hace falta que se reivindique la condición de soberano que tiene el pueblo, y que este pueda definir el contenido de la Constitución. Esto debe producirse a través de un proceso verdaderamente participativo, que no se limite al referendo, sino que implique la capacidad de tomar decisiones en la propia Asamblea”, recalca.
Perdomo insiste en la necesidad de que los dominicanos tengan la oportunidad de manifestarse y tener la Carta Magna que desean.

“Esta deuda democrática no debe postergarse más, porque la palabra final sobre la Constitución no debe tenerla el Congreso, ni los jueces, sino los propios dominicanos”, plantea Perdomo.