“El hecho de tomarse la justicia por propias manos es el resultado de la desconfianza que existe en los sistemas de seguridad pública y la desconfianza, sobre todo, en el sistema de justicia”.

Así se refirió a Metro el especialista en seguridad ciudadana, Daniel Pou, tras ser abordado sobre los casos de linchamientos de presuntos delincuentes a manos de la ciudadanía.

Destacó que este es un tema que, hoy en día, está en la palestra en todo lo que concierne a las políticas de seguridad en América Latina y que, “lamentablemente, en nuestro país ese tipo de situación ha hecho aparición, aunque por suerte, hasta ahora de manera intermitente”.

El caso más reciente de personas que intentaron “tomar la justicia en sus manos”, ocurrió el pasado viernes 4 de este mes, en el sector la Lotería de Santiago, cuando una multitud linchó a Juan Hernández, de 24 años, luego de que este presuntamente despojara de su celular a la señora Norma del Carmen García, mientras viajaba a bordo de una motocicleta.

En torno al hecho, el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Neivis Pérez Sánchez, advirtió a la ciudadanía que no tolerará que sigan linchando alegados delincuentes, cuando los atrapan en las calles, luego de cometer algún hecho delictivo.

Pérez Sánchez indicó que no permitirá que nadie haga justicia por su cuenta, porque son las autoridades policiales y judiciales las encargadas de resolver o aclarar cualquier problema que se presente en determinada situación.

Según el reporte policial, Hernández, luego de cometer el hecho emprendió la huida, pero fue alcanzado por motoconchistas y otros ciudadanos de a pie, quienes lo agredieron con armas blancas, piedras y palos, lo cual le causó la muerte.

El general Pérez Sánchez se pronunció sobre el hecho ocurrido el pasado fin de semana, no obstante, este no ha sido el único caso en el cual ciudadanos asesinan a supuestos delincuentes, y probablemente, no será el último.

Casos anteriores

El pasado 17 de septiembre de este año, una multitud mató a uno de tres presuntos delincuentes en el sector Licey, Punta de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, luego de que estos despojaran a otra persona de una motocicleta.

El supuesto malhechor fue identificado como Germe Giménez Martínez, de 18 años, a quien, según reportes policiales, la multitud propinó múltiples golpes y quemaduras de tercer grado, los que finalmente le causaron la muerte.

Otro caso similar es el ocurrido el pasado 14 de octubre en el municipio Los Alcarrizos, cuando una multitud intentó linchar a dos presuntos ladrones, acusados de sustraer un motor a un agente de la Policía.

Esta vez, los dos jóvenes, identificados como Emilio Ramón Quezada y Carlos Manuel Pérez, corrieron con mejor suerte, pues lograron salvar sus vidas al esconderse en una tienda, luego que recibir varios golpes en distintas partes del cuerpo.

Consecuencias

Para el especialista “esto implica una situación de peligrosidad para la propia seguridad ciudadana porque hay experiencias de muchas personas que han utilizado este recurso para hacerle daño a terceros con quienes tienen algún tipo de diferencia e inconveniente”, lo cual, indicó, “se convierte, aparte de una violación a las leyes penales, en una amenaza para la paz pública y la seguridad ciudadana”.

Dijo que a pesar de que se presume que todo el mundo es inocente hasta tanto se le demuestren los elementos en pruebas contrarias, en el país, “muchos medios se han hecho eco, e incluso legisladores han propugnado porque las comunidades tomen políticas de mano dura per sé, sin haber agotado el debido proceso que debe de beneficiar a todo imputado”.

“Esto puede llevar al país, si se sigue tomando como una modalidad, a un ambiente de inseguridad todavía más acrecentado y, sobre todo, a una ola de violencia que puede salir del control de las manos de las autoridades”, insistió.

Explicó que esa situación conlleva a que de manera inevitable se haga cada vez más difícil establecer políticas de seguridad pública. Ponderó que en esas circunstancias, se dificulta lograr la confianza entre las instituciones de seguridad y la ciudadanía, que es un factor determinante, y, por tanto, limita las posibilidades de desarrollar un robusto programa de prevención de delitos y de la violencia.

Tomar medidas

Pou entiende que en el país debe empezarse a tomar medidas enérgicas contra las personas que lleven a cabo este tipo de acciones porque, según explicó, lejos de ser acto de justicia, es más que otra cosa, una venganza.

Indicó que la sociedad no debe ver la justicia como un sistema de venganza, sino como un sistema de otorgar a cada persona el castigo que se merece, pero dependiendo siempre de un debido proceso.

“Por más deficiente que sea el sistema de justicia, la justicia por mano propia nunca debe prosperar; siempre será un daño para la sociedad, un daño para las propias instituciones y aunque tengan sus déficits y carencias, hay que respetarlas”, puntualizó.

Otros países

Daniel Pou explicó que hay otros países donde la gente “toma la justicia por su mano” con mucha frecuencia.

“Esa situación se ha hecho popular en tres países fundamentales: en Perú donde hay una pandemia de justicia por mano propia; y en El Salvador y en Guatemala, que son países muy sacudidos por la violencia y con una alta tasa de corrupción en las instancias que tienen que ver con la seguridad y el sistema judicial”.

El especialista consultado argumentó que el proceso dominicano de la violencia social, sustentada en la violencia del crimen organizado en el país, lleva un rumbo similar al de México y Centroamérica, aunque resaltó que hay cierta diferencia porque ellos tienen una alta incidencia de las pandillas.

“Pero el proceso de deterioro del sistema de seguridad y el sistema de justicia nos va asemejando mucho al modelo mexicano”, afirmó.

“Hoy en día, si bien México ha disminuido su tasa de homicidios, hay una total desconfianza de la ciudadanía en las instituciones del sistema de justicia y de las propias agencias de seguridad” –algo que también se está haciendo notorio en República Dominicana.