Los Estados en América Latina y el Caribe tienen una enorme deuda con las mujeres y las niñas de la región, por la falta de avances en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, la tortura u otros malos tratos en los contextos de salud sexual y reproductiva. Este es el principal planteamiento del informe de Amnistía Internacional presentado ayer a propósito de ser hoy El Día Internacional de la Mujer.

Uno de los puntos de partida que tomó en cuenta la referida organización para la realización de este informe fue la tan sonada recomendación de las autoridades de salud, en diferentes países de América, a las mujeres sobre postergación del embarazo para evitar los casos de microcefalia que supuestamente podrían estar vinculados al virus del zika.

“Esta recomendación es también discriminatoria; poniendo la responsabilidad exclusivamente en las mujeres sin mencionar el papel que juegan los hombres en los embarazos o las múltiples barreras que los propios sistemas de salud ponen a las mujeres para poder elegir si quieren o no tener hijos/as, cuándo y cuántos.

Este debate en torno al virus zika refuerza el mensaje central que Amnistía Internacional desarrolla en este informe: la violencia contra las mujeres no va a erradicarse si los Estados de la región no modifican legislaciones, políticas públicas y prácticas discriminatorias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva”, plantea el documento.

Para dar soporte a sus argumentos, Amnistía Internacional se refiere a los casos de mujeres de Latinoamérica, que ejemplifican “cómo la práctica estatal es capaz de producir violencia institucional y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva”.

La historia de Rosaura Hernández “Esperancita”, de nacionalidad dominicana, es una de las que incluye este informe que también plantea casos de violencia contra la mujer en Chile, Perú, Honduras, México, El Salvador, Paraguay y Argentina.

“Rosaura fue diagnosticada con leucemia, una enfermedad que requiere un tratamiento urgente ya que sin terapia tiene una mortalidad del 100% en pocas semanas. Sin embargo, dicho tratamiento no le fue proporcionado porque al día siguiente de la hospitalización se detectó que Rosaura tenía un embarazo de 7.2 semanas con signos de daño fetal y sangrado vaginal con amenaza de aborto y cérvix cerrado”, resalta el informe presentado ayer en el país en una rueda de prensa.

Pese a que la médica tratante recomendó un aborto terapéutico para poder iniciar el tratamiento contra la leucemia, las autoridades del hospital decidieron no practicarlo por estar, según indicaron, “prohibido por la Constitución” (el Código Penal dominicano criminaliza el aborto sin excepción alguna)”, detalla Amnistía Internacional.  

“Por desgracia, para mujeres de toda Latinoamérica, recibir tratamiento médico para salvar la vida depende de la buena voluntad de un profesional de la salud o de su capacidad adquisitiva. Plantear la asistencia médica como una lotería es indignante y absolutamente ilegal, y pone miles de vidas en peligro”, afirma Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

Guevara también hace hincapié en que “desde El Salvador, donde el aborto está prohibido incluso en los casos en que la vida de una paciente depende de él, hasta México, donde las mujeres que viven con el VIH pueden ser esterilizadas a la fuerza, mujeres y niñas de toda la región están sufriendo abusos a manos de los propios profesionales y sistemas que supuestamente deben protegerlas.”

Este informe regional, titulado “El Estado como ‘aparato reproductor’” de violencia contra las mujeres, es parte de la campaña “Mi Cuerpo, Mis Derechos”, de Amnistía Internacional.

Una brecha amplia

También se une a esta defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), que plantea que “en el país persisten amplias brechas en los niveles y las condiciones de participación de hombres y mujeres en las actividades generadoras de ingreso”.

Según la academia “continúan verificándose altas cifras de desempleo en las mujeres (22.4%) en relación a los hombres (8.2%), a pesar de disponer de mayores niveles educativos”.

Otro dato estadístico que proporciona esta investigación es que “a pesar de la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, todavía al 2015 apenas el 44.5 de cada 100 mujeres forman parte de la fuerza laboral, mientras en los hombres esta proporción sube a 74.5”.

La coordinadora general del CEG-INTEC, Lourdes Contreras, señaló en rueda de prensa que la política pública en el país debe tener en cuenta las tareas de cuidado culturalmente asignadas a las mujeres, y que exigen de éstas un alto porcentaje de su tiempo diario; un trabajo no pagado.

“Es necesario que el tiempo dedicado a la atención y al cuidado dentro de los hogares sea cuantificado como trabajo que genera riqueza, que forme parte de las cuentas nacionales y por tanto parte del PBI del país”, afirmó Contreras.

Ante esta situación, el CEG-INTEC propuso que el Sistema Nacional de Información (Sisdom) disponga como prioridad realizar una encuesta nacional sobre el uso del tiempo de las personas, para obtener información sobre el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado, según la condición de género.