La resolución de la Dirección de Contrataciones Públicas, sobre irregularidades en la licitación para reparar el hospital Darío Contreras, amerita la actuación inmediata de la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General.

La afirmación consta en un documento que envió la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), luego de “una lectura cuidadosa” de la resolución 91-2015, firmada por la directora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán.

“Es urgente y pertinente que el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República profundicen las investigaciones de las graves irregularidades que dicha resolución detalla, a fin de que se establezcan las responsabilidades penales, civiles, administrativas y disciplinarias que pudieren recaer sobre los responsables”.

Contrataciones Públicas encontró indicios de corrupción en la licitación que otorgó la obra de remodelación del centro traumatológico, por el corto plazo otorgado para el concurso, que concedió escasas oportunidades de participación abierta, y por la variación de casi un 92% en el presupuesto de los trabajos, en alegada violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que sólo permite aumentar el monto de forma administrativa hasta en un 25%.

“Esto implica una actuación antijurídica, toda vez que arbitrariamente la OISOE decidió incumplir con la normativa que rige el procedimiento en la modalidad de contratación, en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas y, consecuentemente, con la normatividad jurídica existente”, afirma la Finjus en su documento.

“Vulneró así los principios de juridicidad y el debido procedimiento administrativo, que establecen que las instituciones contratantes no pueden llevar a cabo procedimientos o modalidades de contratación diferentes a las establecidas en la normativa”, continúa la entidad, que el lunes recibió al presidente Danilo Medina en la celebración de su aniversario 25. En ese acto, el mandatario declaró que en su gestión el país ha avanzado en materia de transparencia.

“Finjus reitera una vez más la no viabilidad institucional de la OISOE, pues su existencia contraviene disposiciones tanto constitucionales como legales, que deben ser atendidas con carácter de urgencia, tanto por el Poder Ejecutivo y por los órganos legislativos correspondientes”, agrega, para resaltar que sus trabajos se alejan de la función de supervisar y además crean duplicidad de funciones frente al Ministerio de Obras Públicas.