“La muerte del padre Canales” sigue siendo la pieza literaria que con mayor acierto recoge el accionar del aparato de justicia de República Dominicana en el siglo XIX. Esa narración, tan bien lograda por el escritor César Nicolás Penson, evidencia cómo muchas prácticas judiciales, salpicadas de impunidad, pueden llegar a validar la comisión de diversos  delitos, incluidos los cometidos desde la administración pública.

Al igual que en esa “historia”, recogida en el texto Cosas añejas, en ocasiones la impunidad hace nido en gran parte de las acusaciones de corrupción realizadas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, contra funcionarios públicos de uno y otro gobierno.

Son muchos los casos que a pesar de haber sido debatidos ampliamente en el país, incluso llevados hasta los tribunales, han concluido sin ninguna condena, con lo que se agrega un granito de arena más al amplio mar de la impunidad que afecta no solo a República Dominicana, sino a decenas de países marcados por la falta de respeto a las leyes, poca institucionalidad y bajos niveles de transparencia en el manejo de “la cosa pública”.

“En el país se ha incrementado la corrupción porque mientras la justicia sea débil, los funcionarios públicos se sentirán más confiados para corromperse o al menos para violar la ley”, asegura Alejandro Alberto Paulino, director del movimiento cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), primera organización que se querelló formalmente contra el senador y exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de obras del Estado, Félix Bautista.

Para Paulino, “siempre ha habido corrupción administrativa, desde la primera presidencia de la República del dictador Pedro Santana, hasta el día de hoy”. Sostiene que ningún gobierno o gestión presidencial se ha desligado del tema de la corrupción.

Peor calificados

Pero no solo Paulino tiene esa percepción. En los últimos años los casos de corrupción administrativa han sido tantos que dentro del Ministerio Público tuvo que ser creada la Procuraduría  Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), otrora Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), entidad que en su publicación Sistematización de casos, publicada en agosto de 2012, afirma que de 2004 a esa fecha fueron sometidos ante los tribunales 47 acusaciones de corrupción administrativa contra distintos funcionarios parte del tren gubernamental, por distintos hechos de presunta corrupción cometidos en perjuicio del patrimonio estatal.

Sin embargo, estos sometimientos no fueron suficientes para evitar que República Dominicana, junto a otros países de Latinoamérica, se encuentre dentro de la lista de naciones con peor calificación en el último Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional en 2014, el cual mide en una escala de cero (muy corrupto) a cien (muy limpio) la sensación de corrupción de los ciudadanos, donde  ocupa (ocupamos) el lugar 32.

Posiblemente, a pesar de los sometimientos hechos en este período, la posición de República Dominicana en el caso de la corrupción administrativa tenga que ver con que no muchos sometimientos sigan su curso judicial; y, lo que es peor, pocos terminen en condena. Las denuncias hechas por los medios de comunicación o por organizaciones y personalidades de la sociedad civil se quedan sin consecuencias.

Para las elecciones del año 2008, se aportaron pruebas sobre la contratación de miembros del PLD a través de una nómina especial oculta que recibía el nombre de nominilla. El monto involucrado alcanzaba los dieciocho mil millones de pesos al año. La reacción del presidente Leonel Fernández ante las pruebas presentadas por el periodista Juan Bolívar Díaz, en una reunión en el Palacio Nacional, en la que participaron varios directores de medios, fue decir que en otro país a un gobierno lo derrocaban por este tipo de prácticas, pero que en República Dominicana era derrocado si no distribuía dádivas.

El caso nunca llegó a la justicia.

Cualquier lista sobre la corrupción y la impunidad no puede dejar fuera el caso de los aviones Súper Tucano. En un amplio artículo, publicado por el periódico estadounidense The New York Times, se relató la historia del soborno pagado por la empresa Embraer a políticos y militares dominicanos para conseguir la aprobación del contrato de compras de los aviones.

Las autoridades judiciales brasileñas presentaron una acción penal contra ocho empleados de esta empresa acusándolos de ser responsables de los sobornos.

La operación representó una erogación de noventa y dos millones de dólares. La cifra del soborno alcanzó los tres millones y medio de dólares, de acuerdo con lo consignado en el recurso judicial. Los ciudadanos todavía esperan una investigación seria de este caso.


En otros casos lo único que se ha conseguido con las denuncias son destituciones o traslados de funcionarios, pero nunca sometimientos.

Eso es lo que ocurrió en los casos del Programa de Reducción de Apagones (PRA), el del Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), el de las sobrevaluaciones del INDRHI y, en un caso de la presente administración, la supuesta sobrevaluación en la reconstrucción del Hospital Darío Contreras. 

El informe ofrecido por la PEPCA cita 30 casos que fueron presentados ante los tribunales, de los cuales no muchos terminaron en condena. Pero dentro de esos que sí concluyeron con sentencia está el caso del Plan Renove, un programa que, al desvirtuarse en su ejecución, motivó las acusaciones en contra de varios funcionarios de la administración del ingeniero Hipólito Mejía.

“Fue una investigación realizada por denuncias de irregularidades en la compra y asignación de autobuses del transporte público, ocurridas en el período 2000-2004”, así lo describe el documento, donde se explica que ese proceso involucró al ex ministro de Interior y Policía, Pedro Franco Badía, y a otros dos presidentes del Consejo de ese programa.

También estaban vinculados el director de la Oficina Técnica de Transporte, así como empresarios y sindicalistas propietarios de rutas del transporte público.

Los hechos involucraron un monto de mil ochocientos millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano. Este caso concluyó con una sentencia que condenaba a prisión a 10 de los implicados.

El presidente Leonel Fernández indultó a varios de los condenados y llegó, incluso, a nombrar a uno de los indultados, el sindicalista del transporte Alfredo Pulinario (Cambita) como asesor de transporte y después como administrador del fondo de pensiones de los choferes.    

De los hechos cometidos entre 2000-2004, hasta el 2012 hubo 10 sometimientos a la justicia, de los cuales solo tres concluyeron con condenas. O lo que es lo mismo, en el 70% de los sometimientos realizados por acciones presuntamente cometidas en ese período no se lograron condenas contra los acusados.

The Sun Land

Pero sin lugar a dudas, el caso que concitó la mayor atención por parte de la ciudadanía es el de Sun Land, que da cuenta de un préstamo contraído durante una de las gestiones del expresidente Leonel Fernández con la empresa The Sun Land Group, realizado, durante su gestión, en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

El caso tuvo tanta repercusión social, que a pesar de que no se coronó con una condena, dio a luz a El lado oscuro de la Sun Land”, libro publicado por el economista Jaime Aristy Escuder y que lo llevó hasta los tribunales, debido a las aseveraciones que hace en su escrito.

Como ese hay otros casos de denuncias de corrupción administrativa que no han prosperado en los tribunales dominicanos.

La empresa Sun Land, según expresara el economista Jaime Aristy Escuder en la presentación de su libro en la ciudad de Miami, es la protagonista de uno de los mayores robos en la historia del país.

El autor señaló que el ideólogo del esquema de robo fue el hoy senador por San Juan de la Maguana, ingeniero Félix Bautista.

El esquema montado tenía como propósito burlar el acuerdo de límite de endeudamiento con el Fondo Monteario Internacional (FMI).

Fernández emitió un poder para facultar al director de la OISOE, Félix Bautista, a tomar unos 130 millones de dólares a través de la emisión de 19 pagarés por notas provisorias (un título cambiario con el que el emisor se compromete a pagar al beneficiario el valor del título).

El dinero serviría para financiar la construcción de 11 obras. En los hechos, el dinero recaudado sería un presupuesto paralelo manejado de forma discrecional por el  titular de la OISOE. Lo que se le dijo al FMI fue que esas obras se construían con recursos propios de esa dependencia estatal. Esta operación violaba el acuerdo con dicho organismo y, lo que fue peor, violaba la Constitución al ejecutar un préstamo sin la autorización del Congreso.

Justicia fallida

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa, en declaraciones dadas ofrecidas en abril de 2013, afirmó: “El caso Sun Land yo siempre he dicho que fue un crespón negro en la toga de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de esa época. Yo sigo creyendo que no fue una buena sentencia. Fue una decisión política.

Sun Land fue un caso eminentemente político al que se le dio una solución política”.     

Hasta aquí se puede observar que la justicia en el país ha accionado en muchos casos de denuncias de corrupción administrativa.

Sin embargo, los resultados dejan mucho que desear. De 311 casos investigados por el Ministerio Público, de 2004-2012, solo 47 llegaron a convertirse en sometimientos por corrupción, y de esos muy pocos culminaron en condenas. Sin embargo, para lo que sí hubo tiempo fue para el archivo de expedientes: 263 en total.

“La PEPCA nunca ha jugado su papel mediante la aplicación del imperio e igualdad ante la ley”, destaca Paulino, quien espera que la justicia dominicana “lleve a la cárcel a los corruptos” y aplique las leyes de la República Dominicana que castigan la corrupción administrativa.