Luego de la gestión de César Estrella Sadhalá, (1994-97), que fungió como un oasis de transparencia luego de traumáticas gestiones bajo mandatos del caudillo Joaquín Balaguer, los partidos que se han sucedido en el poder (PRD-PLD) han generado constantes ruidos con la designación de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE).

Cuando no avasallan, llenando con adeptos la casi totalidad de la matrícula, reparten y se toman la mayor parte.

La trayectoria de Roberto Rosario en la JCE constituye el botón de muestra de cómo estas organizaciones se han aprovechado de su posición privilegiada en el Senado para colocar en el organismo que arbitra las elecciones a personas identificadas y comprometidas con las estructuras partidistas y proyectos presidencialistas.

La designación de Manuel Ramón Morel Cerda (1998-2002) generó conflictos no solo por su alegada vinculación al PRD sino además por la naturaleza aguerrida de su personalidad.

Un Senado de mayoría perredeísta en 2002 sumó a la Junta a dos funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía, Nelson Gómez y Rafael Díaz Vásquez, lo que generó una crisis política en el país. Se sumó Salvador Ramos, cercano colaborador de Mejía.

Rosario, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex consultor jurídico de la Corporación de Empresas Estatales (CORDE) entre 1996 y 1998, llegó a la JCE en 2003 fruto de un acuerdo entre las dirigencias partidistas para resolver de la crisis.

Para dejar a todos contentos, incrementaron de siete a nueve, -hacía poco los habían llevado de cinco a siete, los miembros de la JCE, para crear dos cámaras en el tribunal de elecciones, una Contenciosa y una Administrativa, con el argumento de que organizar los comicios y juzgarlas no debía recaer sobre las mismas personas.

Morel Cerda, que quedaba como presidente del Pleno, renunció porque se negaba a ser “un presidente gomígrafo”.

Llegó para presidir Luis Arias, a quien le atribuían proximidad con el entonces perredeísta Hatuey De Camps –aunque siempre negó militancia-. El de la Administrativa fue Nelson Gómez y el de la contenciosa Salvador Ramos.

La forma de resolver estas desproporciones no fue sacar de allí a quienes habían militado en partidos, sino integrar a gente de la oposición.

Ya en las elecciones de 2006, al PRD se le vira la tortilla y entonces fue el PLD el que decidió la matrícula de la JCE: Julio César Castaños Guzmán, como presidente, Mariano Rodríguez presidente de la Cámara Contenciosa y a Roberto Rosario le correspondió dirigir la Adminitrativa, a partir de  cuyo puesto comenzó a erigirse en el “hombre fuerte” de la JCE.

La hegemonía peledeísta se repite en 2010, cuando, además, la Constitución que impulsó Leonel Fernández dejó a la JCE sólo con la responsabilidad de organizar las elecciones y creó el Tribunal Superior Electoral (TSE) para juzgar las litis de esa naturaleza.

Mariano Rodríguez pasó a presidir el TSE y Rosario, que había entrado para acallar las voces que calificaban a la JCE como un “comité del PRD”, quedó como presidente del organismo.
Los otros miembros titulares son Rosario Graciano, también vinculada a la gestión peledeísta, y el exfiscal Eddy Olivares, quien venía de la gestión anterior y repitió como contrapoder interno, por afinidad con el grupo de Hipólito Mejía.

César Féliz Féliz, un exdiputado reformista, personalizó la cuota del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y José Ángel Aquino, llegado desde la praxis de la Sociedad Civil, pronto encontró coincidencia con Rosario en la mayoría de los proyectos y las discusiones internas.