a Estrategia Nacional de Desarrollo (END), convertida en ley en 2012, es un instrumento jurídico que  responde a la necesidad de imprimir un cambio en el modelo de desarrollo del país, mediante la definición clara de hacia dónde se quiere conducir el país en el largo plazo y cómo se hará.

De esa manera se explica en este documento cómo llegó a convertirse en realidad, durante el último año de gobierno del ex presidente Leonel Fernández, esta disposición.

“El balance de los resultados del desarrollo de República Dominicana durante los últimos 40 años, si bien arroja grandes éxitos, evidencia también importantes deficiencias”, indica la citada pieza legislativa.
Entre los ejes estratégicos de desarrollo que establece esta legislación, el más abarcador es el segundo, que declara que se hace necesaria  la construcción de una sociedad donde efectivamente exista igualdad de derechos y oportunidades y establece siete objetivos generales, siendo el primero “La educación de calidad para todos y todas”.

En la Carta Magna

Pero la END no es la única ley que establece la educación de calidad para toda la población dominicana. La Constitución de la República, en su artículo 63, también declara el derecho a la educación como un derecho fundamental y establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

Agrega que la familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Eso dice la Constitución, pero cuando se trata de estudiantes con discapacidad, la ley se queda corta, en muchos casos.

Esa es la impresión que tiene María Ortega, maestra de la escuela María Fania Encarnación González, quien reconoce que en las escuelas del sector público aceptan los niños y niñas con discapacidad, pero muchos padres y madres prefieren inscribir sus hijos e hijas en centros educativos privados porque consideran que en estos reciben una atención más personalizada.

“Aunque las escuelas públicas hacen un buen trabajo, no tienen el personal suficiente para brindar las atenciones que requieren los niños y niñas con discapacidad”, afirma Ortega, quien se especializó en terapia de aprendizaje enfocada en niños y niñas con discapacidad y también es directora del Colegio Sendero de Enseñanza, donde han tenido como estudiantes a varios niños y niñas con discapacidad, entre ellos autistas, algunos con retraso de aprendizaje y otros con discapacidad física.

Ortega explica que los niños y niñas con discapacidad requieren de mucho cuidado y manifiesta que en el centro educativo que dirige estos escolares reciben atención de un personal que está dispuesto solamente para ellos.

Destaca que es importante que los niños y niñas con discapacidad estén en las escuelas regulares, porque la integración es parte de su desarrollo.
“Antes estos niños y niñas eran discriminados”, dice Ortega, quien saluda el esfuerzo que hace el Estado para que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad se integren al sistema educativo regular.

Cuestión de integración

Señala que cuando los niños y niñas con discapacidad cursan programas educativos junto con otros niños y niñas se sienten involucrados y logran ser más sociables.

Puso el ejemplo de una niña autista que cursó varios grados en su colegio. Dice que al llegar al centro educativo era muy agresiva y no le gustaba socializar con los demás.

Explica que a medida que se fue involucrando con el resto la niña pudo desarrollar su capacidad de aprendizaje y, con solo siete años, ya sabe leer y escribir pero, sobre todo, socializar y hacer las actividades propias de un ser humano de su edad.

No obstante, a pesar de los logros de la sociedad dominicana y el Ministerio de Educación, entidad enfocada en la inclusión efectiva de la población con discapacidad en el sistema educativo regular, para la maestra todavía hay algunos obstáculos que vencer y uno de ellos es la recepción de las personas con respecto a la población con discapacidad.

“Los niños y niñas sin discapacidad a veces son muy crueles y al ver un compañero o compañera con discapacidad tienden a discriminarlo”, lamenta, tras justificar que por eso los centros educativos necesitan tener un personal capacitado que pueda manejar de forma correcta situaciones como esta.

Con esta afirmación, Ortega refuerza la medida tomada por Educación que además de habilitar físicamente las escuelas del país, para facilitar el acceso de la población con discapacidad, procura que cada centro educativo tenga un personal habilitado para atender a los y las estudiantes con discapacidad.

Incluso ha determinado que las escuelas donde haya estudiantes sordomudos puedan solicitar personal habilitado en lengua de señas, para lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje se concrete de forma correcta.

Son estas y otras medidas las que han hecho que los resultados de la ratificación de la Convención de las personas con discapacidad, hecha por República Dominicana en 2009, hoy más que nunca tenga al país cerca de lograr la inclusión al sistema educativo regular de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que ven en la escuela la oportunidad de romper las barreras que muchas veces les son impuestas por la sociedad.