Hoy se celebra en todo el mundo el día internacional de la libertad de información, pero ¿se goza a plenitud en la República Dominica de este derecho?

En lo formal, el país disfruta de un ambiente favorable con las garantías constitucionales y de leyes garantistas, a juicio del periodista Persio Maldonado.

“Hoy la libertad de los medios para expresarse es bastante amplia, nunca será perfecta, pero gozamos de eso”, comentó el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios .

Sin embargo, en relación con la búsqueda de información en muchas instituciones públicas y la solicitud de datos a los funcionarios públicos, hay en el país “una cultura”, de quienes administran el Estado, quienes entienden que hay informaciones que “hay que guardar”, resalta Maldonado, director de El Nuevo Diario. Muchos servidores públicos no entienden que “la fortaleza de la vida institucional y la vida pública de una figura se consolida en la medida en que es transparente”, comenta.

“Culturalmente, es algo que hay que superar en el orden social y a pesar de que existen esas leyes como garantía, todavía persiste mucho la cultura de muchas información que a veces no se suministran si no se recure a alguna instancia legal que decida que se entregue esa información”, resalta el comunicador.

En el país, la Ley 200-04, establece el Libre Acceso a la Información Pública, de modo que cualquier ciudadano tiene derecho a demandar datos de cualquier instancia de la administración pública.

Mala posición mundial

El derecho a la información pública, no radica en una prerrogativa exclusiva para periodistas y comunicadores, sino que su destino es la ciudadanía, ya sea a través de los medios o de forma directa.  

Según un informe de Reporteros sin Fronteras (ver la página 10 de esta edición), República Dominicana se encuentra en la lista de los 10  de los países donde menos se cumple el derecho a la libre información pública.

Para Maldonado, es evidente lo difícil que resulta conseguir en las instituciones públicas las informaciones de nóminas, de proyectos en licitación o en desarrollo, declaraciones de bienes de los funcionarios y cualquier otro dato.

Expuso que es una tarea de los profesionales y las escuelas de comunicación dar a conocer esa ley, sus alcances e implicaciones, para promover un mayor cumplimiento, pero que también hay que educar al ciudadano común sobre estos derechos. “Ahí es donde se conforma el verdadero ciudadano, el que conoce no solo sus derechos sino sus responsabilidades”.

Maldonado informó que la Sociedad Dominicana de Medios trabaja con sus afiliados, también con el Ministerio de Educación Superior y decanos de las universidades en las escuelas de periodismo, para fortalecer y mejorar la calidad de la formación de los periodistas.

El sociólogo Cándido Mercedes coincide en destacar la necesidad de programas que orienten sobre la Ley 200-04, tras calificar como “penoso” el desconocimiento ciudadano al respecto, y asegura que en las provincias y en los gobiernos municipales la situación es peor.

Amenazas a la libertad de expresión

En el aspecto del derecho a expresión, Maldonado trae a colación la lucha reciente por la despenalización de los delitos de palabra, de modo que no haya sanción de cárcel por publicar declaraciones que parezcan ofensivas o injuriosas a determinado funcionario, político o personalidad.

“Genera una amenaza y temores el hecho de que un director o el periodista que reporta tengan el temor de ir a prisión por publicar las declaraciones de un tercero”, justifica. En ese aspecto, los directores de diario lograron que el Tribunal Constitucional eliminara algunos artículos de la Ley 61-32 de Expresión y difusión del pensamiento. Estos, sin embargo, son logros parciales, a juicio del periodista, pues “persisten algunos artículos en ese misma ley que protegen a la figura del Presidente de la República y diplomáticos”.

No se podría hablar de victoria mientras el Congreso no conozca algunos artículos que todavía presionan a la censura. “Hay que decir que el Código Penal viejo está vigente y por tanto se mantiene esa amenaza”, advierte Maldonado.

“Es algo en que tenemos que seguir insistiendo, para que sea eliminado como una forma de profundizar en las garantías de la libre expresión en la República Dominicana”.

Periodismo condicionado

Mercedes, directivo de Participación Ciudadana, consideró que la libertad de expresión en el país es sumamente abierta pero subrayó que “en los últimos años lo que se ha venido dando es una hegemonía cultural que se expresa en demasiados periodistas costeados por el poder político y eso hace que en gran medida el contenido real de la libre expresión no encuentre el verdadero espacio”.

Resalta que la libertad es la capacidad de tomar decisiones que tiene un ser humano y que  cuando los juicios de valor de ese ser humano están mediados en función de intereses políticos y económicos, esa la libertad resulta vulnerada.

“Aquí hay libertad de expresión en República Dominicana, eso nadie lo puede dudar. Pero en los últimos años lo que está sucediendo es una especie de hegemonía mediática, a través de intereses políticos”, recalcó el sociólogo, quien admite que no se debe generalizar en este juicio.

“Eso es lo que está pasando en la República Dominicana. La mayoría de comunicadores y periodistas han sido contratados por determinados intereses políticos y partidos y más que ser comunicadores en la búsqueda de la verdad, lo que hacen es construir el espacio de hegemonía cultural en favor de los actores políticos con los que trabajan”. Para Mercedes, el país está frente a “una crisis del síndrome de desamparo institucional. Hay una hegemonía desde el poder para ponerlos a todos a pensar igual”.

Las leyes

Ley No. 6132, de Expresión y difusión del Pensamiento.

•    Artículo 1.- Es libre la expresión del pensamiento, salvo que se atente contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública.

•    Artículo 2.- Todo escrito dado a la publicidad, con excepción de los pequeños trabajos tipográficos, llevará la indicación del nombre y del domicilio del impresor. Se impondrá una multa de RD$50.00 a RD$100.00 al impresor que viole esta disposición.

•    Artículo 39.- La injuria o difamación hecha a los jefes de Estado extranjeros, a los jefes de Gobiernos extranjeros y a los Ministros o Secretarios de Estado de Relaciones o Asuntos Exteriores de un gobierno extranjero, se castigará con pena de tres meses a un año de prisión y multa.

Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. Ley No. 200-04

•    Artículo 1.- Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal.

•    Artículo 2.- Este derecho de información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública así como a estar informada periódicamente.

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Infografía: Día de la Libertad de Información