La Comisión Europea propuso ayer que los gobiernos de la Unión Europea que no quieran participar de un nuevo mecanismo de emergencia para repartir la carga de la acogida de refugiados en casos de crisis, puedan eludir esta responsabilidad a cambio de pagar 250,000 euros por cada uno de los refugiados que no acepte.

Con ello Bruselas deja de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente, y propone reformar el reglamento de Dublín --que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona-- para incluir el mecanismo de emergencia. La propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintiocho (los países miembros de la UE) y con el Parlamento Europeo, sí contempla reforzar la Agencia Europea de Asilo (Easo, por sus siglas en inglés) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada país, con el objetivo de medir la presión sobre cada uno.

“Todo el que tenga derecho a la protección internacional debe tenerla en la UE. Es una obligación moral y una responsabilidad legal”, ha declarado el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, al defender la propuesta en una rueda de prensa en Bruselas. Timmermans ha alertado de las consecuencias si la UE deja de lado la solidaridad y ha avisado a los Estados miembros de que quien forma parte del bloque “no da la espalda a los problemas del vecino,  sino que se comparte el trabajo para una solución común”.

“El reglamento de Dublin ha muerto”

El comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos, explicó que el reglamento de Dublín, la ley de la UE que determina los criterios de aceptación de asilo por parte de refugiados o apátridas, va a ser reformado para adoptar un sistema automático de cuotas de reparto entre los Veintiocho cuando algún estado miembro afronte un flujo migratorio inesperado, como ocurre con la actual crisis de refugiados que afecta sobre todo a Grecia e Italia.

La propuesta mantiene el principio del país de entrada, según el cual el responsable de tramitar la demanda de asilo es el país por el que el refugiado ha accedido a territorio comunitario. Pero, en el caso de que un país vea rebasada su capacidad de acogida en un 150 %, se activará el citado mecanismo automático de reparto entre los socios comunitarios.

La capacidad de acogida será calculada en función de la población y del PIB (con un peso del 50 % cada uno).

“El viejo reglamento de Dublín ha muerto de muerte natural porque no podía funcionar”, ha explicado Avramopoulos.

Hasta ahora, sólo 1,441 refugiados han sido reubicados, en comparación con los 160,000 previstos.