Para los dominicanos, tener una casa propia es todo un sueño. Aunque el Gobierno afirma que durante este nuevo año “la vivienda será una prioridad”, esta iniciativa, con un presupuesto de 0.03% del Producto Interno Bruto (PIB), coloca este ideal en una posición alejada de la realidad.

“En República Dominicana hay alrededor de un millón de viviendas en mal estado; de esta cantidad, 250 mil son irrecuperables”, afirma Román Batista, director ejecutivo del movimiento Ciudad Alternativa, institución que trabaja en propuestas de transformación de la ciudad y de desarrollo humano sostenible.

Batista destaca que más del 70% de la población dominicana está excluida de los planes y de las políticas actuales de vivienda, sin embargo, espera que con esta proclama se pueda articular con el Gobierno una política nacional de vivienda en beneficio de la población más pobre. “Es motivo de alegría que el Presidente haya proclamado el año con este tema; eso significa que en términos de agenda pública será prioritario. Tenemos expectativas muy altas”, expresó.  

Entre los servicios fundamentales para que una vivienda sea considerada digna, el dirigente de Ciudad Alternativa menciona el acceso a agua potable, la electricidad, drenaje sanitario y fluvial, acceso a educación, es decir, que las familias tengan escuelas cerca; facilidad de salud, etcétera.

Para lograr a resolver la problemática, Batista reiteró que el Gobierno deberá habilitar más de dos millones de viviendas para suplir el déficit. “Hay unas 250 mil viviendas irrecuperables, 750 mil de familias que viven con descendientes indirectos y más de un millón de familias no tienen acceso a servicios o son servicios de muy mala calidad”, describe. Se habla también de un déficit cuantitativo de 900 mil.

Los planes oficiales

Sobre los proyectos habitacionales en los que incursiona el Gobierno, Batista los calificó como acciones positivas; sin embargo, difiere de la política de inversión estatal, por entender que no permite satisfacer las necesidades de un amplio segmento poblacional. “El proyecto La Nueva Barquita en términos de costos no es el apropiado; es una solución habitacional para un número específico de habitantes, pero tiene costos muy elevados. Es posible diseñar otro modelo menos costoso”.

En el caso de la Ciudad Juan Bosch, que prevé al menos 25 mil unidades en mediano plazo en Santo Domingo Este, el activista social se refirió a que “las condiciones fijadas para el acceso a estas viviendas, dígase, disponer de un inicial del costo total, tener trabajo formal, poseer ingresos mayores a 25 mil pesos mensuales y demás factores, dejan excluidos a más del 70% de la población que gana menos de 25 mil pesos al mes”. Por tanto, “ese modelo está diseñado para gente de clase media pero no para la población más empobrecida”, opinó.

El panorama para 2016 parece peor, según planteaba el economista Rafael Jovine, durante el lanzamiento de la campaña “Casa ya”, en octubre pasado. “La inversión formulada para el año fiscal 2016 es casi 40% menor que la aprobada para el 2015 y dos veces y media menor que la inversión programada en el año 2014”, fustigaba. Advertía que el presupuesto de este año, en ese momento bajo estudio en el Congreso, “la inversión planteada para la producción pública en vivienda social representará apenas RD$1,105.7 millones, el 0.03% del PIB”.

Ayer, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) no supo ofrecer datos de cómo afectará su presupuesto y sus planes de acción esta proclama del Gobierno Central y pidió que la solicitud de información fuera tramitada mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, que le concede un plazo de 15 días laborables.

El Foro Ciudadano, que reúne a organizaciones sociales, barriales, comunitarias y ciudadanas, ha coincidido con Batista al decir que hay “en el país más de 750 mil familias que comparten viviendas; cerca de 250 mil viviendas deben ser demolidas debido al mal estado del material con que fueron construidas o al lugar donde se ubican, y más de 1,1 millones carece de servicios básicos”.

Estrategia Nacional

La Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12), plantea que República Dominicana (a más tardar en 14 años) debe ser “un país próspero, donde las personas vivan dignamente”. Dentro de esa aspiración se coloca el derecho –que no es nacional sino universal– a la vivienda, instituido en el artículo 59 de la Constitución como uno de los objetivos generales, bajo el término “Vivienda digna en entornos saludables”.

Acoprovi

“Esta medida es muy positiva, ya que representa el inicio de la institucionalidad y un impulso para el sector de la construcción y promoción de vivienda; en Acoprovi apelamos a que todas las instituciones estatales se unan para cumplir el deseo del señor Presidente de la República y contribuyan al fomento de la vivienda, que sean puentes en vez de muros”, afirma el ingeniero Héctor Bretón, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), refiriéndose a la dedicatoria oficial para 2016.   

Bretón también hizo énfasis en que el que se inicia es un año de “grandes oportunidades” para el sector que representa. “Estas oportunidades están ahí para ser aprovechadas por aquellos que se han preparado académica y humanamente, y así ponerlas al servicio del país”.

Quizá para el 2030, como se propone la Estrategia Nacional de Desarrollo, más de dos millones de familias puedan ver cumplido el sueño de una vida digna. Una vivienda con servicios esenciales y seguridad ante los fenómenos atmosféricos, y familias tranquilas que los días 15 y 30 de cada mes no tengan que preocuparse por el pago de una nueva quincena de alquiler.