El ministro guatemalteco de Comunicaciones, Aldo García, reveló el pasado lunes que fueron suspendidos los pagos a la empresa brasileña Odebrecht, esto tras confirmar anomalías en el contrato suscrito durante la administración del expresidente Otto Pérez Molina por casi US$400 millones, según reportan medios guatemaltecos.

García ofreció estas declaraciones luego de ser convocado por el bloque opositor de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El ministro manifestó que no ha denunciado el caso en espera de que sea autorizado por  la Procuraduría General de la Nación (PGN) “en la línea de liquidar el contrato”, aunque aclaró que aún no analizan la respuesta de esa institución.

Según informes, el contrato para la construcción de una carretera en el suroeste del país, entre el gobierno de Guatemala y la emprea Odebrecht, fue firmado en 2013 y modificado en 2014.

Dicho contrato fue ratificado por el ministro de Comunicaciones de Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, asegura la UNE, por lo que reclaman a Sinibaldi denunciara las irregularidades encontradas
Los diputados opositores investigaron a García sobre la situación con esa compañía, que presuntamente  habría pagado al menos US$18 millones en sobornos al gobierno de Pérez Molina (2012-2015), según investigaciones por el escándalo “Lava Jato”.

Se recuerda que la  constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente US$788 millones en sobornos a cambio de contratos sobreevaluados en 12 países de Latinoamérica entre 2010 y 2014, incluído República Dominicana, según un informe publicado el 21 de diciembre del 2016.

Con esta medida, el gobierno de Guatemala hace frente al caso de corrupción más relevante en las últimas décadas, que ha estremecido a todos los estamentos sociales.

Al igual que Guatemala, otros países han dispuesto acciones en busca de esclarecer el caso y aplicar justicia a los implicados. A continuación algunos de estos:

Panamá

Tras el escándalo, el gobierno panameño prohibió a Odebrecht participar en futuras licitaciones públicas hasta que no devuelva el dinero cobrado en comisiones.

“El país tiene derecho a saber quién recibió estos dineros, cuánto recibieron y que esta empresa le regrese al país lo que le corresponde”, demandó  la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, quien pidió a las autoridades judiciales de su país “actuar pronto”, según publicó la prensa.

Además, la Contraloría de Panamá ordenó investigar a Carlos Ho González, funcionario del Ministerio Público durante los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014), “por supuesto enriquecimiento injustificado”.

Perú

La procuraduría anticorrupción de Perú confirmó que pedirá interrogar a 75 personas, entre ellas el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y sus predecesores Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.  

También solicitó investigar a Jorge Barata, exgerente de Odebrecht en Perú, y a Gonzalo Monteverde, presunto responsable de blanquear los sobornos, según explicaron la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, y el procurador anticorrupción, Amado Enco.

Odebrecht realizó esta semana un depósito voluntario de US$8.9 millones, como adelanto por la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente.

Colombia

De su lado, el Gobierno Colombiano solicitó la intervención de la Fiscalía y “le reiteró que cuenta con el apoyo y colaboración para esclarecer esta situación inaceptable e identificar a todos los responsables”.

Este viernes 6 de enero compareció  ante la fiscalía colombiana Álvaro Mantilla, exdirector del Instituto Nacional de Vías (Invías), oficina encargada del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial.
Mantilla  estuvo al frente del Invías de 1999 a 2000; ejerció también como abogado de Odebrecht por el contrato denominado “Ruta del Sol Sector Dos” en el país suramericano.

Ecuador

En este país su presidente Rafael Correa expresó la pasada semana que espera que se conozcan pronto los nombres de los involucrados en los sobornos de la empresa brasileña que supuestamente fueron por US$33,5 millones.

Correa publicó el pasado lunes, a través de su cuenta de Twitter, que avanzan las investigaciones en su país en torno al escándalo y reveló que unos de los involucrados fue apresado. “…en Ecuador las investigaciones avanzan. Ha sido detenido Mauro T. Todos saben que es el poder tras el poder en Municipio de Quito. Ha tenido depósitos millonarios en sus cuentas, sin registrar ingresos al SRI. Coincide con fechas de contratación del metro”, dijo.

Mientras que el fiscal general, Galo Chiriboga, informó que mediante sentencia se decidió  que durante las investigaciones de los contratos con Odebrecht, las instituciones públicas se abstengan, temporalmente, de contratar dicha empresa.

Danilo crea comisión en República  Dominicana

En un hecho histórico, ya que hasta el momento ninguno de los países involucrados ha citado y mantenido por más de siete horas a ningún representante de Odebrecht, el procurador general de la República Jean Alain Rodríguez entrevistó a Marcelo Hofke por los supuestos sobornos hecho por la empresa a funcionarios dominicanos para obtener licitaciones de obras (ver página 3).

La reacción oficial no se hizo esperar y la Presidencia, a través de su consultor jurídico, Flavio Darío Espinal, anunció la creación de una comisión integrada por personas de la sociedad civil y exfuncionarios para investigar la licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, precisamente a Odebrecht.

La comisión está conformada por: Monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social (CES); José Alberto Reinoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); el empresario Pepín Corripio; Gabriel del Río Doñé, secretario de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), así como Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Además, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); César Sánchez, también ex vicepresidente de la CDEEE; y el economista. Jaime Aristy Escuder.

El decreto 6-17 cita que “la comisión tendrá plena potestad para investigar a todos los funcionarios que desee investigar”.

El presidente Medina, mediante una nota enviada a los medios,  indicó que “teniendo en cuenta las investigaciones en marcha en torno a las actividades de la empresa constructora Odebrecht en varios países, nuestro  gobierno ha decidido tomar la iniciativa y poner a disposición de la sociedad dominicana toda la documentación  e información disponible sobre la contratación para la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina”.

Asimismo, estableció que dicha investigación no interferirá en modo alguno las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público.