El Estado de derecho existe cuando los que detentan el poder se sujetan a las normas como cualquier otro ciudadano. Lamentablemente, aquí tenemos una cultura de la excepción. Los servidores públicos tienen la costumbre de considerar prescindible cualquier obligación normativa.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, informó que todavía dos terceras partes de los funcionarios faltan por cumplir con la declaración jurada de patrimonio.

El listado de los reticentes fue referido a la Procuraduría General de la República. Allí no se ha hecho nada con la información.

La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio fue promulgada el ocho de agosto del año pasado. En la misma se le otorgaba un plazo de noventa días al poder ejecutivo para dictar el reglamento.

La nueva norma fue aplaudida por los actores de la sociedad civil como un paso de avance. Por primera vez una ley de este tipo incluye fuertes sanciones a los transgresores.

La ley penaliza con multas, destitución y prisión a los funcionarios que la violen o resulten culpables de enriquecimiento ilícito.

El ejecutivo aplica el paso de la tortuga con lo del reglamento. El plazo se venció y todavía esperamos el resultado del borrador consensuado con la sociedad civil.

El consultor jurídico, Cesar Pina Toribio, afirma que la nueva ley solo sirve para los nuevos funcionarios nombrados con posterioridad a su aprobación.

Si este argumento es cierto la Cámara de Cuentas o la propia Procuraduría General deberían realizar una depuración para producir una lista con los funcionarios obligados a cumplir con esta normativa.

La sociología describe como anomia la vida social llevada como si las leyes no existieran. La débil institucionalidad que exhibimos se debe a esta conducta.

El poco compromiso de las autoridades en hacer operable esta ley genera la sospecha de que no desean ser reguladas.

La sociedad quiere ver superada la mala costumbre de las declaraciones que pecan por defecto o por exceso.

Los que tienen presentan menos para evitar los compromisos fiscales. Los que no tienen colocan las cifras de sus expectativas de acumulación.

El ejecutivo debe exigir el cumplimiento de esta norma, porque su falta de actuación valida la mala práctica.