Los privados de libertad en las cárceles y centros penitenciarios del país, así como sus dependientes, serán incluidos en la Seguridad Social a través del Régimen Subsidiado, priorizando en una primera fase a las reclusas, según un acuerdo firmado hoy entre el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Ministerio Público.

Un total de 7.000 reclusas ya han sido incluidas a la seguridad social como parte del convenio.

El acuerdo fue firmado por el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Chanel Rosa Chupany; y representantes del Ministerio Público, con la veeduría social de la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (Fenamutra), Ruth Esther Medrano.

Con este acuerdo, indicó Rosa Chupaby "se reafirma nuestro compromiso con la población vulnerable del país, ya que la garantía del acceso a servicios de la salud constituye un derecho esencial para la población en general".

A través de esta alianza, el Ministerio Público identificará la población total con el fin de continuar su inclusión al Régimen Subsidiado, a través de Senasa.

La alianza tendrá una duración de dos años con derecho a renovación por el tiempo que las partes consideren, de acuerdo a lo indicado en el convenio.