El anterior presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Marranzini, consideró preocupantes las consecuencias de la inseguridad jurídica en el desarrollo económico de una nación y afirmó que un ejemplo de esto lo constituye la caída del “Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM)” lo cual atribuye al cambio que pretende hacer el Gobierno a la ley de ProIndustria al obligar a las industrias a liquidar el 50 % del ITBIS en la Dirección General de Aduanas.

“Esto impedirá, sin dudas, que muchas empresas puedan compensar la totalidad de este impuesto, agregando costos financieros y sin ningún resultado adicional para las recaudaciones del Estado, ya que lo único que se haría sería adelantar un flujo de ingresos y a los noventa días la recaudación terminaría siendo la misma”, expresó.

Dijo que, sin embargo, es más serio el hecho de que se cambie una normativa jurídica aprobada por el Congreso Nacional y que se espera que tenga una extensión de tiempo conveniente por una Ley que regula los ingresos y gastos del Gobierno por un año.

“Eso es inseguridad jurídica. Tenemos que preguntarnos sobre la incidencia de una medida como esta sobre el empleo formal, las propias recaudaciones e incluso si una medida como esta no está privilegiando de nuevo las importaciones sobre la producción nacional.

Vale la pena que nos preguntemos si los empleos seguirán siendo los mismos o si no se estará forzando a algunos empresarios a disminuir drásticamente sus niveles de producción, en función de su capital de trabajo”, afirmó Marranzini.