La Constructora Odebrecht Dominicana informó hoy de que sigue "atentamente" el desarrollo de la acción penal llevada a cabo en contra del expresidente de la organización Marcelo Odebrecht, condenado este martes en Brasil a 19 años de prisión por el escándalo de corrupción de la estatal brasileña Petrobras.

A través de un comunicado, la empresa dijo esperar que prevalezca el derecho constitucional de Marcelo Odebrecht, así como de Marco Faría y Rogerio Santos de Araújo, también condenados por este caso.

Marcelo Odebrecht, quien renunció a la presidencia de la constructora y a los consejos de administración de las compañías del grupo el pasado diciembre, fue condenado este martes por el juez federal Sergio Moro a una pena de 19 años y cuatro meses por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.

En la misma sentencia, la cuarta en número de personas juzgadas dentro del proceso, fueron asimismo condenados otros ejecutivos de Odebrecht: Marcio Faría da Silva (19 años y 4 meses), Rogerio Santos de Araújo (19 años y 4 meses), Cesar Ramos Rocha (9 años y 10 meses) y Alexandrino de Salles Ramos de Alencar (15 años y 7 meses).

Igualmente, la Justicia brasileña consideró culpables de recibir los sobornos a los exdirectores de la petrolera estatal Renato Duque (20 años), Pedro Barusco y Paulo Roberto Costa y al empresario Youssef por intermediar.

En el caso de Barusco, Costa y Youssef, las penas se verán reducidas por tener un acuerdo de delación premiado por la Justicia.

Odebrecht Dominicana precisó que la sentencia dictada por el juez federal Sergio Moro "es una decisión de primera instancia y que por tanto no es definitiva".

"Esa sentencia emitida en primera instancia no es definitiva y entendemos que las respectivas defensas ya manifestaron su inconformidad y decisión de recurrir a los tribunales superiores", señaló la firma brasileña.

Odebrecht, al igual que una veintena de firmas privadas, es investigada por su supuesta participación en una red de corrupción enquistada en Petrobras que, desde 2004, se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares, según admitió la propia petrolera.

Según la Fiscalía, esas empresas obtenían contratos amañados con la estatal petrolera brasileña, inflaban los valores en hasta un 3 % y luego repartían las diferencias entre directivos y políticos que amparaban las corruptelas.